ONU lamenta deterioro en imagen del país por el caso de extorsión

Mientras el vicepresidente Álvaro García Linera evita responder las preguntas respecto a las declaraciones de Boris Villegas, que involucrarían a ministros de Estado por la red de extorsión, la imagen del país continúa deteriorándose, según lo manifestó el representante de la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (Unodc) en Bolivia, César Guedes.

El representante de la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (Unodc) en Bolivia, César Guedes, admitió que los hechos recientes referentes a la red de extorsión dañan la imagen de Bolivia.

“Acciones de corrupción, por medio de las extorsiones dañan al país y a sus ciudadanos y este es el momento en el que debe haber una respuesta unida y contundente para mostrar que en Bolivia no hay espacio para los corruptos, para los extorsionadores. Bolivia es un país democrático.”, reflexionó.

Asimismo, el representante manifestó que es necesario que se luche contra este mal, debido a que este tema habría afectado tratos importantes del Gobierno. Una muestra de esto sería los niveles a los que ha llegado aparentemente la red de extorsión, según dijo.

“En el fondo de las investigaciones, que se identifiquen a todos los corruptos, a todo nivel, como lo mencionaron las autoridades que se va a hacer una investigación exhaustiva, caiga quien caiga. La comunidad internacional ve esto con atención y que se identifiquen a todos y que todos sean sancionados con todo el peso de la Ley”, sostuvo.

El caso polémico de la red de extorsionadores descubierto en los ministerios de Gobierno y Presidencia tiene, hasta la fecha, como procesados y detenidos en la cárcel de Palmasola a Fernando Rivera, Denis Rodas, Isabelino Gómez, Janet Velarde, Ramiro Ordóñez, José Manuel Antezana, Gustavo Dagner Céspedes, Moisés Aguilera y Boris Villegas.

Por otro lado, la próxima semana, la Comisión de Derechos Humanos del Congreso norteamericano abordará el caso de Jacob Ostreicher, bajo el argumento de evidenciar una detención ilegal y la carencia de garantías a los derechos civiles. El caso Ostreicher ha causado polémica tanto en las esferas gubernamentales norteamericanas, en las redes sociales, en la sociedad boliviana y en la comunidad internacional.

Sin embargo, en el país, autoridades como el vicepresidente Alvaro García Linera mantiene un perfil bajo, dejando que sean las autoridades del Ministerio Público las que investiguen y se pronuncien, pero llamó más la atención que ayer, durante el lanzamiento de la campaña por los derechos del consumidor en supermercados, la segunda autoridad haya evitado responder las preguntas sobre la red de extorsión y las nuevas implicaciones.

“Le puedo explicar (sobre) los libros. Miren la Enciclopedia Jurídica (…) Va a hablar la viceministra (de Defensa del Consumidor, Sonia Brito), por favor vayan por allí, por allí, por allí, por allí. La viceministra va hablar”, dijo irónico y eludiendo a los insistentes periodistas.

Las denuncias de víctimas de la red de extorsión suman día a día, aunque las únicas confirmadas son del americano judío Jacob Ostreicher y su socia, la colombiana Claudia Rodríguez.