Oficialismo confirma que organizaciones tendrán injerencia directa y vinculante en niveles del Estado

El proyecto de Ley de Participación y Control Social fue aprobada este viernes en su estación en grande en la sesión realizada en la Cámara de Diputados. El tratamiento en detalle de los 41 artículos que contempla la norma, se desarrollará el lunes de la próxima semana. Se espera que la siguiente semana la normativa sea derivada a la Cámara Alta para ser promulgada antes de fin de año.

“Hemos anotado, hemos visto varios temas que han surgido del debate, algo que tenemos que tomar en cuenta es que no puede ser remunerado el control social, es uno de los primeros elementos, no se puede pagar a quien ejerce el control social, eso se ha debatido en la Asamblea Constituyente y tenemos respaldo de organizaciones sociales, especialmente de la Conaljuve”, manifestó la presidenta de la Cámara de Diputados, Rebeca Delgado.

Sin embargo, el artículo 41 del proyecto de ley define que las máximas autoridades del Estado, en todos los ámbitos y niveles, garantizarán que en todos sus planes, programas y proyectos que se contemple dentro de su presupuesto anual, los recursos suficientes destinados a efectivizar la labor del control social.

El diputado por el Movimiento Al Socialismo (MAS), Galo Bonifaz, explicó que es posible que dicho artículo sea modificado, debido a la susceptibilidad que se habría generado en algunos sectores, respecto a que los miembros de las organizaciones puedan incurrir en la corrupción.

El legislador informó que existen otras observaciones que advierten que los Comités de Vigilancia tendrían una menor facultad de pronunciarse ante las irregularidades, a diferencia de las organizaciones sociales que realizarán una labor fiscalizadora “vinculante”.

“Es un desafío para los dirigentes, especialmente la Central Obrera Boliviana (COB), la Fejuve y otras. Si bien los Comités de vigilancia no tenían tanta potestad, hoy las organizaciones podrán tener potestad de decisión directa y vinculante en todos los niveles y órganos del Estado”, manifestó.

La normativa designa también otras funciones a las organizaciones sociales, entre ellas, el control de calidad de los servicios básicos, control de los manejos de recursos del Estado y otras labores, que según los sectores políticos de oposición requieren de expertos para desempeñarán estas funciones. Afirman que los organismos no pueden tener responsabilidades que no estén establecidas en la Carta Magna.

“La Constitución Política del Estado (CPE) es interpretada y mal utilizada por el Gobierno. Las leyes del Estado definen las funciones de las organizaciones sociales, que se deben respetar, porque con qué capacidad pueden asumir otras funciones, si no son entendidos en el tema”, cuestionó la senadora por Convergencia Nacional (CN), Carmen Eva Gonzáles.

Por su parte, la presidenta en ejercicio de la Comisión de Constitución, Legislación y Sistema Electoral, diputada Adriana Arias, afirmó que el control social se trabajó desde el 2008 con 305 organizaciones sociales y 1.575 dirigentes. Sin embargo, muchas de ellas se encuentran divididas, ya que al interior hay grupos que apoyan al Gobierno y otros que no. Por lo tanto, quienes no son afines al Ejecutivo denuncian que no fueron convocados para desarrollar el análisis de la normativa, mientras que el resto asegura que esta ley es necesaria.

“El problema es que no conocemos qué organizaciones se harán cargo del control social, si las que son afines al MAS o las que no. Si es lo primero, entonces no existe confianza en la transparencia, para eso deberían eliminar la instancias como la Contraloría General del Estado (CGE), o la Asamblea Legislativa”, expresó el diputado Andrés Ortega (CN).

Otro de los aspectos, que podría generar polémica en la población y en diferentes sectores, es la definición respecto a que las organizaciones sociales tendrán acceso a la información pública, con la finalidad de investigar irregularidades. La ley no menciona que estos organismos deberán regirse a las condiciones de la Ley de Acceso a la Información Pública, que aún no fue aprobada en ninguna de las Cámaras legislativas.

“El MAS continúa creando leyes y más leyes que lejos de resolver los conflictos y la corrupción en el país, los agravan. Las organizaciones no pueden acceder libremente a la información pública, cuando un simple ciudadano o hasta un medio de comunicación tienen que hacer largas gestiones para acceder a esta información. Esperemos que no suceda lo que tememos, que esta norma sea utilizada políticamente”, añadió Ortega.

DATOS

- Art. 3: “(La ley tiene como fin) Fomentar y facilitar el ejercicio plural, efectivo, equitativo del derecho de Participación y Control Social en la gestión pública”.

- Art. 4: “(Las organizaciones tendrán) capacidad para decidir (…) sin subordinación de ningún órgano y/o autoridad del Estado”.

- Art. 24: “El Control Social coadyuvará y complementará a la fiscalización y/o control gubernamental y recomendará con carácter vinculante a las autoridades competentes, el inicio de peritajes, auditorías y en procesos correspondientes”.