Albarracin señala que argumento de Villegas no le exime de culpa

El exdefensor del Pueblo y expresidente de la Asamblea de Derechos Humanos de Bolivia, Waldo Albarracín Sánchez, señaló que el escándalo de extorsión que surgió a raíz del caso del estadounidense Jacob Ostreicher desnuda la real dimensión de la injerencia política que ejerce el Gobierno sobre el Órgano Judicial.

El activista de derechos humanos remarcó que ha quedado en descubierto que quien administra justicia no es el Fiscal por su propia voluntad, sino es la decisión de otros mandos, por lo que los principales acusados deben denunciar y revelar los nombres de aquellas personas que están por encima de los que en el momento se encuentran en la cárcel.

Albarracin explicó que, en el caso de Boris Villegas, los argumentos que dio a conocer no le eximen de su culpabilidad de participación en el caso de la red de extorsión y de sostener este argumento, “está en la obligación de hacer conocer, quién o quienes le ordenaron a cumplir todo lo que efectuó en torno a este caso de la red de extorsión y corrupción”.

Aclaró también que al mantener en secreto todo lo que conoce, se convierte en cómplice, por lo que de igual manera tendría que enfrentar a la justicia ingresando en otros delitos, como la complicidad y el ocultamiento de información.

De acuerdo con el Código Penal, en el artículo 20,22 y 23, tanto el autor intelectual como los que realizan el hecho, tienen el mismo grado de responsabilidad en los delitos cometidos; “el instigador como el cómplice son responsables, de manera que se convierten en autores materiales e intelectuales, con la misma pena”, dijo.