Tiro de gracia a las inversiones

El aborto de la red de extorsionadores y chantajistas, infiltrada en los ministerios de la Presidencia, Gobierno y de Transparencia del Estado, así como en el Poder Judicial, ha sido como una especie de tiro de gracia a las corrientes de inversiones financieras extranjeras interesadas en hacerse presentes en Bolivia.

Algunos jueces, fiscales, funcionarios de alta jerarquía burocrática y otros, que formaban parte de mafias de corrupción, utilizaban los más siniestros y refinados procedimientos para cometer actos de chantaje y extorsión contra extranjeros, con el fin de apoderarse de sus cuantiosos bienes. Es más, para alcanzar esos objetivos contaban con respaldo de funcionarios de alto nivel del aparato judicial del país, también denunciados de dar apoyo a las redes de corruptos.

El descubrimiento de una de esas redes de extorsión, formada por altos funcionarios de Estado, causó profunda alarma en medios económicos nacionales y extranjeros. En efecto, el caso de extorsión a un inversionista norteamericano puso al desnudo un caso escandaloso de corrupción, cuyos efectos han traspasado las fronteras y confirmado, en forma concreta, que los intentos de hacer inversiones extranjeras en Bolivia están condenados de antemano al fracaso, tanto por políticas oficiales como por la existencia de mafias dentro del aparato estatal.

La difusión de la noticia sobre que los inversionistas son obligados a hacer pagos extralegales en dependencias oficiales y que, a la par, otras personas les obligan en forma directa a cancelar enormes sumas de dinero, bajo la amenaza de acciones judiciales y policiales, ha caído como un baño de agua helada en medios ya prevenidos de financieros internacionales, los que, naturalmente, han puesto las barbas en remojo y decidido pensar dos veces antes de trasladarse a Bolivia.

Además de las enormes y numerosas dificultades que enfrentan los inversionistas en organismos de la burocracia estatal y que en vez de atraer capitales los amedrentan y alejan, ahora se descubre que cuando algún empresario ya está trabajando, de inmediato es atracado por algunos elementos para sacarles no sólo las ganancias, sino los mismos capitales invertidos. Es más, en caso de no llegarse “por la buenas” a esos resultados, las víctimas son sometidas a prisión y juicios, sin que exista para ellas derecho de defensa, presunción de inocencia, etc., de forma que por medio de una persecución despiadada se las conduzca a la muerte y toda la riqueza de los denunciados pase a manos de los corruptos.

En medios internacionales se conoce de sobra que en Bolivia existen dificultades para las inversiones pero, pese a ello, no desisten en sus intenciones. Sin embargo, al tener noticia de esta última forma de extorsión directa por parte de empleados públicos de alta jerarquía, con el supuesto respaldo de funcionarios judiciales y desde altos niveles del Estado, los interesados en invertir en Bolivia no han debido hacer otra cosa que sufrir una mayúscula sorpresa y poner fin a sus intenciones.

En realidad, el escándalo del “caso Ostreicher” pareciera que ha colmado la copa de la paciencia de los inversionistas y constituido el tiro de gracia para la atracción de los capitales que requiere el país para salir del círculo de la pobreza, aunque esa situación estaría atenuada por la declaración del Ministro de Gobierno, que dijo que esta situación amerita “una profunda reestructuración” en el sistema judicial del país.