Las subvenciones, un gran dilema

El Gobierno, desde el dichoso “gasolinazo” de diciembre de 2010, ha dejado en suspenso las preocupaciones por esa medida, ya que al ser anulada la determinación de suprimir las subvenciones, abrió nuevos cauces para continuar con políticas que, por muchas décadas, dejan exánime al país. Y es que subvencionar los carburantes, con apoyo económico del Tesoro General de la Nación (TGN), como “medio de ayuda al pueblo”, resulta que es contraproducente, porque esa subvención es contraria a todo principio financiero y económico.

Países como Venezuela y muchos de Medio Oriente, grandes productores de hidrocarburos conjuntamente Estados Unidos, se dan el lujo de subvencionar el precio de los carburantes, porque sus economías lo permiten. Pero lo hacen a costa de no vivir realidades y poder destinar el monto de esas subvenciones a obras de importancia general para sus poblaciones.

Nosotros, en Bolivia, pobres y subdesarrollados, tenemos el “padrino” del TGN que paga el valor real que tienen los carburantes, con la falsa idea de que ello “ayuda al pueblo”. La verdad es que con dichos regalos se benefician hasta miembros del cuerpo diplomático y los que más aprovechan son quienes llevan carburantes a las fronteras por medio del contrabando. En palabras simples, nos hacemos más pobres de lo que somos tan sólo por pagar por otros, lo que debería costarnos a los bolivianos.

Es innegable que suspender las subvenciones al gas, la gasolina, el kerosene y otros, significaría abrir las puertas de mayor pobreza por el encarecimiento de los bienes de uso y consumo; la medida no implicaría algún beneficio inmediato porque el costo de la “canasta familiar” subiría mucho más de lo debido por la acción de agiotistas y comerciantes deshonestos, quienes subirían los precios de lo que venden en montos mucho mayores, a fin de enriquecerse fácilmente. Sin embargo, ¿qué hacer ante una situación que se hace insostenible para el país?

Si hubiese estudios hechos con honestidad y responsabilidad, lo primero que se haría es atacar al contrabando de hidrocarburos que beneficia a otros países; segundo, evitar la especulación en algunos puntos del país; tercero, promover más inversiones para una explotación más racional del petróleo y gas; no ampliar más las redes de conexión domiciliaria mientras no hayan las cantidades necesarias de gas.

Finalmente, evitar nuevos contratos para la venta de gas, mientras no hayamos siquiera duplicado nuestra producción de petróleo y gas y no contemos, además, con las plantas necesarias para aumentar nuestra producción hidrocarburífera; pero, ¿se animará el Gobierno a dar semejantes pasos?

El caso de las subvenciones es un desafío al Gobierno y si pone en práctica políticas honestas y responsables, puede que encuentre los remedios; pero si sigue con políticas contemplativas y populistas, el problema se agudizará y tendremos, en poco tiempo, crisis muy grandes de gasolina, gas y otros.

Si la medida de 2010 sobre las subvenciones se cumplía, en dos años se hubiese avanzado mucho, siempre que se hubiera tomado medidas colaterales urgentes. Ahora lo que corresponde es encarar el problema con la verdad, con honestidad y responsabilidad.