El representante de la Defensoría del Pueblo en la urbe alteña, José Luis Hidalgo, calificó como favorable el proceso de capacitación realizado este año a efectivos militares quienes ahora colaboran con otras entidades de control para disminuir los casos de traslado ilegal de infantes al exterior.
Asimismo, recordó que accedieron a esto más de 800 efectivos en Guaqui, Patacamaya, Tiquina, Desaguadero y Copacabana, poblaciones ubicadas en sectores fronterizos con el Perú.
De acuerdo con Hidalgo, una de las mayores preocupaciones de la Defensoría es la falta de control en los puntos fronterizos y el incremento de los casos de personas desaparecidas, en la ciudad de El Alto las mismas que sólo en el primer semestre eran 200 y hasta noviembre superaron las 600 personas.
“El incremento del índice de criminalidad, es un factor que está relacionado con la trata y tráfico de personas, los ciudadanos están siendo captados por organizaciones criminales, de lo contrario no se explica que a la fecha continúen desaparecida una cantidad alarmante de niños, niñas, adolescentes jóvenes y señoritas, quienes salieron de sus domicilios o establecimientos escolares sin retornar”, aseguró la autoridad.
Además, mencionó que si bien en las poblaciones fronterizas con el Perú, se observa la ausencia de funcionarios de migración, de la Policía Boliviana y de la propia Defensoría de la Niñez y Adolescencia, siendo en las actualidad personal insuficientes para la cantidad de flujo de personas que a diario deben salir del territorio nacional, por temas comerciales o turísticos.
Por otra parte, en esta gestión el sector del Transporte Internacional denunció que algunas familias son las que están a cargo de los controles fronterizos, por ejemplo la localidad de Desaguadero.
“Esas cuantas familias que se sortean el control de migración en los puntos fronterizos no sólo perjudican los tiempos reglamentarios del comercio exterior, sino que permiten la salida de menores y adolescentes sin ningún control, dejando las vías de libre transitabilidad, como el estrecho del Lago Titicaca, donde se encuentra Plaza Azul. Por lo tanto, esas personas desconocen las normas internacionales y de protección a menores de edad”, afirmó Gustavo Rivadeneira, dirigente del sector.
Finalmente, Hidalgo indicó que la intención de los efectivos militares de colaborar con el control es loable, pero que el esfuerzo es incompleto sino se incrementa un mayor control en las fronteras por parte de otras entidades encargadas de la investigación y control a estos delitos.
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