Asaltantes y loteadores impunes

Ninguna autoridad pone hasta hoy atajo a quienes asaltan la propiedad privada. Grupos de atropelladores ante nada trepidan.

En los últimos, años al igual que en la época del doble sexenio 1952-1964, impunemente la propiedad privada tanto en áreas urbanas como rurales se encuentra en riesgo ante la indiferencia tanto de las autoridades del Gobierno central, como de los municipios.

Los asaltantes y loteadores con atrevimiento y prevalidos, según ellos, muchas veces de protección y aval político, impunemente se apropian o en su caso se asientan con amparo de documentación fraguada e incluso en varios casos encubiertos por funcionarios de alcaldías, cuando se trata de predios urbanos.

Varios casos se han presentado en la jurisdicción de la ciudad de La Paz, a título de contar con registros catastrales, superpuestos, en complicidad con funcionarios; otras veces se han asentado en terrenos ajenos y han hecho construcciones clandestinas, ante el hermetismo de quienes son responsables de precautelar el desarrollo armónico de la ciudad, conforme a disposiciones legales.

La debilidad de las instancias oficiales que deben velar por preservar el ordenamiento jurídico nacional, regional y departamental es clara, pues parecería que han perdido autoridad y permiten la expansión y fortalecimiento de grupos sin escrúpulos de loteadores y asaltantes a la propiedad privada, dejando a los propietarios en medio de inseguridad e intranquilidad.

El Gobierno ha anunciado pomposamente la aprobación de una ley contra los hechos ilícitos indicados, pero lamentablemente hasta ahora continúa en análisis y consideración, mientras avanza la acción desconsiderada y desaprensiva de los loteadores, organizados incluso políticamente, constituyéndose en grupos muy peligrosos, dispuestos a cometer cualquier acto delictivo y en muchos casos se ha incurrido hasta crímenes para llevar adelante sus tropelías.

Estos grupos delictivos nada respetan, a nadie. En algunos casos se ha determinado mediante procesos judiciales el desalojo de los asentados ilegalmente, pero ni ante ello jueces y autoridades hacen cumplir las disposiciones legales, demostrando irresponsabilidad, por una parte o complicidad con quienes vulneran las leyes.