Muerte de “empresario” reabre debate por transparencia de programa gubernamental

El diputado de Convergencia Nacional (CN), Gonzalo Romay, declaró ayer que el 10 de diciembre pidió al Órgano Ejecutivo un informe sobre cuántas obras se ejecutaron y cuánto se invirtieron en el departamento de Chuquisaca y en Bolivia con el Programa Bolivia Cambia y Evo Cumple. Dijo que la información se solicitó a raíz de supuestas irregularidades en la ejecución de obras en municipios de la Capital.

Romay explicó que hace meses presentó una petición el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, pero no tuvo respuesta hasta la fecha. También indicó que hay muchas observaciones y cuestionamientos al citado programa y lo que tiene que hacer el Órgano Ejecutivo es aclarar todos los manejos irregulares que se vienen denunciando.

“Las obras están mal ejecutadas, supuestamente ya están licitadas, pero que no se están ejecutando, además las obras se están destruyendo. Mi persona ha hecho una petición de informe sobre todas las obras y no hay respuestas. Lamento decir que empresarios desde que empezó el 2006 el Programa Bolivia Cambia y Evo Cumple están cobrando recursos de supuestas obras”, declaró el diputado.

Tras la información que brindó ayer el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, sobre el fallecimiento del empresario Arturo Cuba que apareció muerto el miércoles en la noche en la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), Romay dijo que el Ministerio Público debería investigar el caso. “Estos temas tienen que investigarse, no puede haber un ciudadano detenido que aparezca muerto”, indicó.

Según informes, Cuba era propietario de la empresa Benavides Millares que formaría parte de un grupo de empresarios de la construcción conjuntamente con Paola Noida G.T. propietaria de la empresa Armodec y Polonia T.E de la empresa Agali, que se adjudicaron obras del Programa “Evo Cumple”. Según Quintana, las empresas intentaron cobrar una boleta de garantía falsificada que habrían adquirido de Arturo Cuba.

Romay explicó que cualquier petición de informe que haga un diputado, un senador o cualquier otro ciudadano de a pie puede hacerlo, porque según la Constitución Política del Estado (CPE) el ministro Quintana tiene la obligación de responder. En esta semana otra vez solicitará el informe respecto al programa gubernamental. Asimismo, sugirió que la Embajada de Venezuela comience a hacer auditoria interna de todo lo que significa el Programa “Bolivia Cambia, Evo Cumple”.

Por su parte, la senadora María Elva Pinkert dijo que el proyecto deja mucho que desear, debido a que rompió la planificación con los municipios y que los recursos son distribuidos según interés político del Movimiento Al Socialismo (MAS).

“Habían normativas que tenían que dar cumplimiento a la Ley Safco, tenían que haber licitación, adjudicaciones que se tenían que cumplir, pero eso cambió”, expresó la senadora opositora.

Finalmente, en declaraciones a la red Erbol, el viceministrito de Coordinación y Gestión Gubernamental, Rodolfo Illanes, lamentó el caso y deslindó responsabilidades a la Unidad de Proyectos Especiales (UPRE) dependiente del Ministerio de la Presidencia y que gestiona y coordina los financiamientos de Venezuela con los municipios solicitantes.

“La UPRE es una entidad desconcentrada, entonces era su obligación establecer también los antecedentes de las personas con quienes trabaja”, manifestó aludiendo a Cuba.