Frecuencia de asaltos a la propiedad privada

Una de las cualidades de la vida civilizada es el respeto al derecho ajeno, sin el cual no es posible la seguridad jurídica en la sociedad; es la garantía de la armonía social que, no obstante estar garantizada por la ley, ya proviene del derecho natural que impone valores y comportamientos al hombre en su vida de relación con los demás.

Pero en nuestro país, donde rigen esas leyes naturales y civiles, actualmente su ejercicio es violentado por los abusos de los detentadores del poder. Atropella a veces la misma autoridad y cuándo no, dirigentes, sean sindicales o políticos, como maestros de la demagogia afrentan esos derechos inherentes a la condición humana. Los “avasallamientos”, los despojos bajo diversas formas, son delitos que se han multiplicado en nuestra sociedad, tan tranquila y respetuosa en tiempos pasados.

En el área rural basta que se formen grupos encabezados por dirigentes inescrupulosos y en el área urbana por aquellos famosos loteadores que han hecho de la ocupación de terrenos una profesión. Y no obstante su conducta reiterada, no ha habido autoridad que los ponga en su lugar, porque están asociados con algunos profesionales y funcionarios municipales o son los que gozan del favor político.

En los pueblos donde la autoridad no llega o llega muy débilmente, ocurren excesos inauditos; por ejemplo hace tres años, en Torotoro, provincia Charcas de Potosí, con la mayor impavidez una diputada suplente con un anterior propietario, junto a una gavilla de malandrines engañados por aquellos, incursionaron en una propiedad ajena violentando paredes y apropiándose de materiales y en un par de días construyeron una habitación donde uno de ellos se quedó a vivir muy suelto de cuerpo y donde ahora habita la madre de la “honorable”, sin que haya autoridad local que repare tanto despropósito.

Las víctimas se querellaron ante el Fiscal de Materia de la capital que está a 24 leguas, quien está manejando eficazmente el caso, pero tropieza con los ardides de la querellada que recurre a una serie de incidentes dilatorios que el inadecuado sistema penal permite y no se puede restablecer los derechos atropellados. Los afectados acudieron a la Comisión de Ética del Congreso denunciando la inconducta de la “parlamentaria” y aquélla nada puede hacer porque se debe presentar sentencia ejecutoriada. Sin embargo por los vericuetos del procedimiento y las influencias que se ejerce, no se sabe cuándo se pueda obtener la condena por delitos tan graves, entretanto sigue campante la honorable diputada tejiendo leyendas e inventando desaguisados porque pretende apoderarse del terreno despojado.

Ahora el Gobierno ha promulgado, en buena hora, la Ley Nº 477contra el avasallamiento y tráfico de tierras, para resguardar, proteger y defender la propiedad privada individual, colectiva, estatal y de tierras fiscales, incorporando nuevos tipos penales contra esos delitos, con penas de tres a ocho años de privación de libertad; norma que sin duda detendrá los abusos que han estado incrementándose.

El respeto al derecho ajeno es un atributo de sociedades jurídica y moralmente organizadas y en nuestro país siempre fue una norma reconocida en el pasado. Aquellos hechos delictivos afectan gravemente a la paz y la vida armónica a las que todos aspiramos para desarrollar sin sobresaltos nuestra actividad creativa y productiva, intelectual, artística, empresarial u otras que cada cual elije para su desarrollo personal y social.

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