Juez determina detención de abogado de empresas coreanas

El representante legal de las empresas coreanas, Carlos Jang Hur Torrez, dentro del proceso judicial denominado barcazas, guardará detención preventiva en el centro penitenciario de Sica Sica, por determinación de la jueza Décimo Segunda de Instrucción en lo Penal de La Paz, Jaqueline Tintaya, en audiencia de medidas cautelares, informó el procurador General del Estado (PGE), Hugo Raúl Montero Lara.

En la audiencia, que inició a las 11.00 horas y se extendió hasta las 17.00 de ayer, la administradora de justicia tras valorar los fundamentos presentados por los abogados de la Procuraduría General del Estado; del Ministerio de Defensa y de la Fiscal de Materia Especializada en Persecución de Delitos Contra la Corrupción, Gina Fabiana Azero Mendizabal, dispuso la detención preventiva a ser cumplida en el centro penitenciario de Sica Sica.

Desde septiembre de 2013, la PGE, mediante memoriales presentados a la Directora Funcional de las Investigaciones, Magaly Gonzáles, solicitó la imputación formal del abogado que participó en las relaciones contractuales con la Empresa Naviera Boliviana (Enabol), para la adquisición de 16 barcazas y 2 Remolcadores/empujadores.

El Procurador recordó que en octubre y noviembre de 2009, el ex gerente general de la Enabol, contralmirante Freddy Alberto Ballesteros Quiroga, suscribió dos contratos con las empresas Yeunsoo Shipbulding Ltd. Co. y SeAH B&K Duck Sung Sociedad Accidental. Posteriormente, en enero de 2010, Enabol subrogó los dos contratos a la empresa General Marine Bussines Co. (GMB), relación contractual en que generó el desplazamiento patrimonial de aproximadamente 30 millones de dólares. El abogado Carlos Jang Hur Tórrez fue el asesor y representante legal de las tres empresas coreanas.

Explicó que dentro de este proceso penal, ya fueron imputados por el Ministerio Público los ciudadanos: Chong Ho Kwak, Jun Chun Sub, Lee Jong Soo, Lee Yong Sik, Park Snog Gi, Lee Sang Kuyk; quienes se encuentran declarados rebeldes por la autoridad jurisdiccional. La Fiscalía, luego de compulsar y valorar la actividad procesal desarrollada, habría establecido la existencia de elementos de convicción que hacen a la participación de los ciudadanos coreanos en la comisión de ilícitos penales contra el patrimonio del Estado Plurinacional de Bolivia.