Investigarán desapariciones de víctimas de regímenes dictatoriales

Los representantes del Ministerio de Justicia, la Fiscalía General del Estado, la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), junto a la Dirección del Instituto de Investigaciones Antropológicas/Arqueológicas (IIAA), firmaron un convenio interinstitucional con la finalidad de investigar y resolver las desapariciones de las víctimas de los regímenes dictatoriales ocurridas entre 1964 y 1982.

Centenares de experiencias dolorosas, tristes e inolvidables quedaron en la historia y los que aún viven para contarla esperan que el documento firmado ayer se plasme en la realidad, porque esperan ver por lo menos los restos de sus padres, familiares y amigos.

"Seguramente vamos a conocer lo que hasta ahora no se ha dicho con claridad, los muertos en Yungas, en Pando (Â…) Hoy la democracia nos hade permitir nuevamente luchar", dijo Hugo Ticona, uno de los que vivió la dictadura en carne propia.

La viceministra de Justicia, Lenny Erika Chávez, dijo que la propuesta en la normativa es acceder a archivos de algunas instituciones para conocer más toda la información necesaria, respecto a los hechos acaecidos en tiempos de dictadura.

Además de encontrar los cuerpos de las víctimas, como la de Marcelo Quiroga Santa Cruz, una vez encontradas a todas las víctimas serán entregadas a las familias para su respectiva sepultura.

"Se pretende hacer un estudio médico forense a efecto de identificar los restos de los cuerpos", expresó.

Por su parte, Waldo Albarracín, rector de la UMSA y exdefensor del Pueblo, acotó que no sólo se pretende encontrar los cuerpos desaparecidos, sino identificar a los culpables.

Aseguró que la universidad estatal exigirá la desclasificación de los expedientes sobre este tema y se sumará a las luchas de las víctimas de los regímenes dictatoriales.

"Creemos que esa desclasificación debe darse, que el Gobierno deje de proteger a los miliares que han vulnerado derechos y todavía siguen siendo protegidos (...) La universidad exigirá permanentemente a la lucha de las víctimas y en lo posible desarrollar una acción legal", agregó Albarracín.

La directora de IIAA, Claudia Vincenty Zoto, dijo que el alcance del convenio es investigar los casos de desaparición forzada sucedidas desde el 4 de noviembre de 1964 hasta el 10 de octubre de 1982, a través de incursiones de campo, recuperación de restos e identificación de las circunstancias de los hechos acaecidos.

El convenio tiene una vigencia de 3 años y podrá ser ampliado por tiempo similar luego de un proceso de evaluación y ajuste de partes, dijo en el acto desarrollado en el salón de Honor del Monoblock central de la UMSA.