Intereses grupales paralizan el país

Dos hechos desnudan la realidad que vive la ciudadanía estos días a causa del conflicto desatado por las cooperativas mineras sobre la Ley de Minería y Metalurgia, la misma que se encontraba en consideración del Legislativo. El primer hecho es que la Asamblea Plurinacional no legisla, y perdida su independencia constitucional deviene en organismo anexo del Órgano Ejecutivo. La última prueba y desde luego la más tajante la dio el Ministro de la Presidencia, retirando esa ley del Senado, a tiempo de anunciar “estamos en fojas 0”.

El segundo hecho es que el terror de los “movimientos sociales” interrumpe en cualquier momento la normalidad y tranquilidad pública. Esta vez está a cargo de las cooperativas mineras, reeditando sus propios antecedentes. Esta actitud muestra que carecemos de autoridad y somos juguete de los intereses de grupos intransigentes que vienen gobernando desde la calle.

El Gobierno ante las amenazas de Fencomin procede contra la Constitución y da por concluida la consideración de la cuestionada ley, que por boca del indicado ministro debe ser redactada de nuevo. No tarda en surgir la contradicción cuando el titular de Gobierno dice que sólo se revisará los artículos 132 y 151. De por medio, el Ministro de Minería hace mea culpa y admite que cayó en equivocación con respecto al artículo 351 de la Carta Magna. Según esta disposición todos los contratos de interés público deben ser tratados por el Legislativo, por lo menos esa es la interpretación oficialista de dicho artículo. El origen del “error” parece intencional para evitar lo que más pronto que tarde terminó estallando, pero se debía cumplir instrucciones superiores.

Una ley en consideración legislativa no puede ser intervenida por ningún otro poder. De la cámara de origen debe pasar a la cámara revisora. Si ésta la corrige vuelve a la de origen, la que puede aceptar o rechazar las observaciones. Si las rechaza, el presidente nato de la Asamblea tiene un plazo perentorio para convocar al pleno de la Asamblea para su consideración final, sanción y promulgación. Este y no otro es el procedimiento constitucional.

Las cooperativas, actoras principales del conflicto, no miden consecuencias cuando de sus intereses corporativos se trata. Las dos muertes ocurridas son parte de los riesgos que todos lamentamos y se suman a las decenas de fallecimientos provocados en enfrentamientos de todo tipo. A nadie más importa la triste situación de los más de 150 policías heridos y a sus familias.

Ningún nivel de Gobierno asumirá responsabilidades por el envío de policías sin el equipo ni pertrechos necesarios para restablecer el orden en las carreteras del país. La dinamita es un arma letal y mortífera cuando los inermes policías resultan cercados, apedreados y apaleados por hordas muy superiores en número.

Como en la parábola, cuando un padre permite todos los caprichos del hijo y lo colma de dádivas aunque el engreído no se las pida, para ese padre será tarde frenar los desvaríos más catastróficos. Algo similar viene ocurriendo en el país con los grupos corporativos, para mal de todos y casi siempre para los viajeros, familiares e hijos menores, así como del comercio grande y pequeño.