Tres políticos exigen garantías tras sufrir ataques y amenazas

Tres figuras políticas denunciaron agresiones y amenazas en los últimos días, presuntamente desde esferas de la militancia del Movimiento Al Socialismo (MAS) y pidieron garantías para su ejercicio democrático en el marco de la Constitución política del Estado (CPE).

El vocero de Unidad Nacional (UN), Arturo Murillo, fue el primero en denunciar haber sido víctima de amenazas y amedrentamiento vía celular luego de haber destapado el escándalo sobre el contrato de la estatal aérea Boliviana de Aviación (BoA) con familiares políticos del vicepresidente Alvaro García.

“Ha ido gente de Inteligencia a buscarme y me ha dicho que hay ordenes especiales: primero de buscar hasta debajo de mis alfombras y segundo, si no encuentran, sembrar algo. Obviamente esto nos pone en alerta y responsabilizamos al Presidente para que se nos de la responsabilidad correspondiente”, manifestó el martes.

Luego fue el turno del exmallku del Consejo Nacional de Markas y Ayllus del Qullasuyu (Conamaq), Rafael Quispe, quien denunció agresiones físicas de presuntos oficialistas el domingo, cuando se aprestaba a retornar a su casa en la ciudad de El Alto. Quispe fue golpeado en el piso y sufrió lesiones en el tabique nasal.

Días antes, el dirigente indígena fue retenido en el aeropuerto de Cochabamba, por una llamada que alertaba el transporte de droga en su mochila, hecho que resulto falso.

El abogado de Quispe, Eduardo León, pidió garantías al Ministerio Público y lamentó el accionar violento que se va generando en el país en pleno semestre electoral.

Finalmente, el diputado disidente del Movimiento Al Socialismo (MAS), Ever Moya, sufrió el robo de pertenencias en su domicilio, incluida una computadora de escritorio ayer en Oruro.

Moya se alejó del oficialismo tras acusar “encubrimiento” de las autoridades y la bancada del MAS a casos de corrupción que se habrían registrado en la Aduana Nacional de Bolivia (ANB).

Si bien el diputado dijo que fueron antisociales los que ingresaron en su casa, no descartó móviles políticos, pero dejó la investigación en manos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de Oruro.