Defensa del voto

La opinión pública, considerada como la expresión de lo que quiere y demanda el pueblo, tiene dos vehículos de realización, por un lado la que diariamente se expresa a través de los medios de comunicación social y la que se hace mediante el sufragio, en ambos casos se toma en cuenta el resultado, pero en especial en el voto ciudadano la opinión no es sólo para direccionar o influir en las políticas públicas, sino que determina quiénes administrarán el Estado, y con qué orientación ideológica, por eso la importancia del sufragio resulta la expresión más determinante de la voluntad popular a través del voto.

En nuestro país desde octubre de 1982 los ciudadanos estamos eligiendo a los gobernantes a través de la consulta mediante el voto, con yerros y aciertos, pero consolidando en alguna manera el respeto a la voluntad del pueblo, en cuanto al gobierno que quiere darse y en este año acudiremos a las urnas para elegir al régimen que gobernará el Estado a partir de 2015.

El panorama electoral que ya está en curso resulta poco halagüeño debido a las dudas de la opinión pública sobre la imparcialidad del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y los cuestionamientos y una propuesta de reglamento que privaba de representación en diputados uninominales a las áreas urbanas, en beneficio del área rural, donde al parecer tiene mayor respaldo el oficialismo. Extrañamente ante los reclamos de las organizaciones cívicas de las ciudades afectadas, el Tribunal Electoral, luego de reunirse con los representantes de Santa Cruz, cambió su reglamento que habría sido aprobado por mayoría de vocales y esa ciudad no perdería ni una sola diputación uninominal, sí las ciudades de La Paz, Cochabamba y Oruro.

La tradición jurisprudencial en cuanto al origen de la representación en el Órgano Legislativo arranca de la medida revolucionaria del Voto Universal del proceso de la Revolución Nacional, que estableció el principio de un ciudadano un voto, sin restricción alguna por sexo, origen étnico, propiedad o nivel educativo. Pero además y siguiendo el modelo bicamaral, la Cámara de Senadores representa a los departamentos, es decir tiene un origen en su representación de orden territorial, y la Cámara de Diputados representa a la población en virtud de su densidad, de tal manera que de cierto número de población emerge un número de diputados. Esta resulta una norma casi universal, pues no podría ser justo que el voto de un individuo en la ciudad valga la mitad o un tercio que el voto en otra área.

La propuesta del vocal Ovando, que fue rechazada y tuvo que ser enmendada, afecta los principios elementales del derecho electoral y la justicia en representación y representatividad, pues el argumento de equilibrar el voto de las áreas urbanas y rurales desconociendo el número de población, es el modelo venezolano.

Otro de los cuestionamientos resulta el padrón electoral, es decir el número de votantes, pues resulta que el año 2005 éste no llegaba a tres millones, y el 2009 pasó los cinco millones, es decir que en cuatro años los electores casi se habrían duplicado en número, cuando la población total del país en once años del censo de 2001 al de 2012 aumentó en sólo 1.752.929 habitantes.

Llama también la atención que en varias declaraciones públicas el Ministro de Trabajo declaró que la población económicamente activa (PEA) es de 3.5 millones de individuos, es decir gente que está en el rango de 18 años de edad hacia delante, y para el INE la PEA es de sólo 2.3 millones y el mismo INE en la publicación sobre los resultados del Censo de 2012 en el cuadro 1.5 sobre población inscrita en el registro cívico o tenencia de cédula de identidad informa que la población total del país es de 10.027.254 y 7.949.919 tiene cédula, incluyendo a menores de edad.

Si consideramos que la tasa de crecimiento demográfico es de 2.2 anual y aun considerando la tasa de morbilidad –de recién nacidos- la población boliviana menor de 18 años y que no puede votar, estaría alrededor de los 6 millones y medio, lo que nos lleva a preguntarnos: ¿cómo el padrón electoral puede superar los 5 millones de habitantes?

Creemos que por el beneficio de la salud de la democracia y la legitimidad del próximo Gobierno, se debe encarar una auditoría seria al padrón electoral.