Conflicto minero podría reestablecerse

(Oxígeno).- Los cooperativistas mineros tienen más de cinco observaciones al proyecto de Ley Minera y Metalurgia que fue modificado en la Cámara de Senadores y aprobado en su estación en Detalle la madrugada del jueves. Los cuentapropistas creen que el pacto con el Gobierno ha sido anulado y ahora vuelven a amenazar con acciones de protesta.

La información la hizo conocer el dirigente de la Federación Nacional de Cooperativas Mineras (Fencomin), Edgar Mejía, durante la inauguración del Congreso Nacional Extraordinario de los cooperativas; la cita se realiza en La Paz, tras la aprobación de la norma en sus estaciones en Grande y Detalle en el Senado y remitida a la Cámara de Diputados.

“En este momento estamos analizando la Ley y tenemos ya al menos cinco observaciones, pero podrían ser más. Estamos tratando punto por punto, toda la norma y vemos que no han respetado nuestras demandas ni observaciones en el acuerdo que tuvimos con el Gobierno”, sostuvo al periódico digital Oxígeno.

Según con el dirigente minero, el acuerdo logrado el 30 de abril, entre su sector y el Ejecutivo a través del ministro de Gobierno, Carlos Romero; el ministro de Minería, Cesar Navarro y el sector de los regantes, no fue tomado en cuenta durante el tratamiento en el pleno del Senado.

“Con esa aprobación, han anulado el convenio que tenemos con el Gobierno, como los contratos (privados) que deberían ir al parlamento para que puedan ser aprobados en 90 días, pero (los senadores) lo rechazaron”, sostuvo.

El proyecto del artículo 132, en su segundo parágrafo: “La Asamblea Legislativa Plurinacional en el plazo de noventa (90) días deberá pronunciarse sobre el contrato administrativo minero, aprobando o no aprobando el mismo. En caso de no aprobar se lo devolverá al Órgano Ejecutivo para su corrección”. Los cooperativistas rechazan las modificaciones.

El presidente de la Fencomin, Alejandro Santos, insistió en la posición de los cooperativistas. Sostiene la posición de que los contratos de concesión con empresas privadas deben aprobarse en el Legislativo en el lapso de los 90 días, caso contrario se “autoaprobará” para continuar sus trabajos. Esta demanda fue criticada el senador oficialista, Eduardo Maldonado, quien dijo que al ejecutar este proceso se estaría vulnerando la Constitución Política del Estado (CPE).