La industria extractiva minera cooperativista del país ha adquirido extraordinaria magnitud, su peso en la economía es muy importante y, al mismo tiempo, ha adquirido enorme significado político que es posible siga aumentando, porque es cada vez más activa.
Sin embargo, pese a reiteradas afirmaciones, esas cooperativas no son propiamente tales, sino son más bien empresas corporativas que no se guían por los principios cooperativistas, ni mucho menos. Por el contrario, en vez de no tener un espíritu de lucro, son empresas que practican no sólo un sistema capitalista avanzado, sino han retrocedido a un capitalismo salvaje, casi feudal, que no conoce la legislación del trabajo, practica un semiesclavismo, se esmera en la depredación de la madre tierra, carece de tecnología y otras numerosas deficiencias.
Pero ese sector económico, formado por unas 1.500 cooperativas mineras, que agrupa a más de cien mil “socios”, no sólo se ha constituido en asunto económico, sino también ha devenido en una cuestión política de poderosa influencia, capaz de doblar el brazo al Gobierno y hacerle aceptar sus condiciones y, finalmente, continuar sus actividades de forma poco menos que autoritaria y con el mismo ritmo.
Este último aspecto se expresó en los hechos en últimos años y, en cierto orden, las “cooperativas” mineras se consolidaron e impusieron su sistema, adquirieron poder político, obligaron al Gobierno a aceptar sus condiciones y, finalmente, cuando se trató de dictar una nueva Ley Minera, procedieron a hacer que sus objetivos se cumplan por encima de disposiciones legales, debilitando el poder del Estado e inclusive poniéndolo al servicio de sus intereses.
En realidad estas empresas corporativas se están convirtiendo en un estamento oligárquico gracias a la oportunidad originada en la subida poco menos que extraordinaria de los precios de las materias primas en el mercado internacional, condición sin la cual no tendrían motivo de existir o por lo menos alcanzar la envergadura que han logrado. Estas verdaderas empresas corporativas, en las que se está formando una poderosa burguesía, podrían tender a orientarse hacia objetivos históricos nacionales o a los coloniales.
Por otro lado, podrían imponer un desarrollo capitalista salvaje y darwinista que no existió ni en las etapas más agudas de la oligarquía de los llamados “barones del estaño” y, por otro, caer en una orientación política que conduce a la economía nacional a una condición colonial, ya que explota y exporta los recursos naturales sin tasa ni medida, en las peores condiciones.
El origen de este fenómeno socio-económico está en que se confunde los conceptos y se considera como cooperativas a empresas privadas, de la misma forma que se confunde términos como populismo y socialismo o como cuando se confunde sindicatos de obreros que sólo viven de su salario, con gremios de pequeños empresarios que en la literatura política son conocidos como “pequeño burgueses” y que hoy, además, forman la Central Obrera Boliviana, de la que se sigue pensando que es un organismo como era hace veinte o treinta años, cuando estaba formado por obreros que lo único de lo que disponían era de su fuerza de trabajo y que hoy son una fuerza insignificante.
La confusión, pues, en el uso de conceptos no sólo está creando un caos semántico en el país, sino también un verdadero fenómeno económico que requiere urgente tratamiento para evitar que termine en una situación muy poco deseable.
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