Juzgados de Familia son los más denunciados por actos de corrupción

El responsable de la Unidad de Transparencia del Consejo de la Magistratura en La Paz, Ariel Marañón, informó que los juzgados de Familia de la Corte de La Paz son los más denunciados por actos de corrupción.

“En este momento estamos con una mayor afluencia de procesos en materia de Familia y el reclamo es de los oficiales de diligencias. Este año estamos volviendo a tropezar con esa situación y se hará lo que corresponda”, dijo.

La valoración efectuada es producto de las denuncias presentadas, por los litigantes, en todo el ente judicial, es decir, en juzgados, derechos reales y de notarías, afirmó la autoridad.

Aclaró que muchas de las denuncias son factibles de ser resueltas debido a que no se precisa de mucha burocracia, sin embargo cuando se trata de actos de corrupción, estas deben ser sancionadas de acuerdo con la norma.

CORRUPCIÓN

EL DIARIO fue testigo en el Juzgado Primero de Familia, a cargo de la jueza Fabiola Álvarez Apaza, cuando una de las funcionarias le cobró a una litigante 150 bolivianos por la legalización de unas fotocopias. La funcionaria sacó los billetes completamente doblados y los entregó a la funcionaria, quien rápidamente los guardó.

Este hecho ocurrió, a pesar de que en dicho Juzgado existen carteles tamaño resma colocados en diferentes lugares, donde se indica que todo trámite es gratuito.

A LA CÁRCEL

El abogado Orlando Augusto Quispe Espejo, quien ocupaba el cargo de Secretario del Juzgado Segundo de Partido en lo Civil de la ciudad de El Alto, fue conducido el miércoles 2 de abril del presente año al Penal de San Pedro de la ciudad de La Paz con detención preventiva, por el delito de Cohecho Pasivo Propio, tipificado en el artículo 145 del Código Penal tras un operativo de acción directa realizada por funcionarios del Consejo de la Magistratura del Distrito Judicial de La Paz y un efectivo policial del servicio de seguridad del Tribunal Departamental, el lunes 31 de marzo donde en acto infraganti se le encontró realizando un cobro de 800 bolivianos, a un litigante por legalización de unas fotocopias.