Fundación pide defender derecho a libertad de expresión y de prensa

(ANF).- La población debe estar alerta para salir en defensa de la libre expresión y de prensa cuando sea afectada por circunstancias de la vida política, debido a los últimos sucesos ocurridos en la relación entre el poder político y los medios informativos, manifestó el responsable de Comunicación Democrática de la Fundación Unir Bolivia, Erick Torrico Villanueva, tras un análisis sobre la situación actual.

“Si bien se cuenta en el país con una serie de disposiciones legales que garantizan la libre expresión y de prensa o, en términos más amplios, el derecho a la información y la comunicación, determinadas circunstancias de la vida política nacional o local pueden afectar su cumplimiento y la población debe estar alerta para que ello no suceda o para salir en defensa de este derecho cuando la situación lo amerite”, dijo.

De acuerdo con Torrico, en las últimas semanas se han presentado cinco casos relacionados con este problema. La primera está relacionada al atropello cometido por el alcalde de la ciudad de Santa Cruz, Percy Fernández, contra una reportera de televisión. Segundo, los juicios iniciados por la Procuraduría General del Estado contra un medio de La Paz, además del proceso que inició la presidencia de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) contra un columnista de otro diario paceño.

A esto se suma el reclamo de una red radiofónica nacional ante lo que denunció como un trato discriminatorio la asignación de publicidad oficial y finalmente la protesta de un semanario boliviano en Buenos Aires, Argentina, acerca de que el Tribunal Supremo Electoral estaría usando la publicidad oficial como mecanismo de condicionamiento y sanción política.

El representante de la Fundación Unir enfatizó que en todos estos hechos resulta evidente la difícil relación existente entre el poder político y los medios informativos que pone en duda la vigencia de algunas normas y de procedimientos democráticos.

Considera que en el caso del alcalde Fernández hubo abuso de poder, desconocimiento de la Ley de Imprenta y el proceso contra un columnista. “Todo ello, como se sabe, está reñido con lo que establecen los principios y las reglas de la vida en democracia”.

“Ninguna autoridad que pretenda aprovecharse de su posición para someter a quien quisiere debe quedar impune, así sea que haya presentado una disculpa para su  inconducta; tampoco autoridad alguna debiera acudir a la ley para buscar imponer su criterio al periodismo y ningún Estado democrático puede aplicar criterios discrecionales para asignar recursos por publicidad de manera inequitativa y a su conveniencia o para juzgar la veracidad o el compromiso de los contenidos difundidos por los medios”, sostuvo.

Según estándares internacionales, como los incluidos en la Convención Americana de Derechos Humanos, la publicidad oficial jamás tiene que ser empleada como una forma indirecta de restricción de la libertad de expresión, sino que debe ser distribuida equitativamente, recordó.

“En cuanto al secreto de fuente o secreto profesional del periodista, tanto las normas legales como los códigos deontológicos nacionales y del ámbito internacional aseguran la confidencialidad de la identidad de quien proporcionó una determinada información cuyos alcances o repercusiones pudieran poner su integridad en riesgo. Por tanto, el periodista está sujeto a un pacto ético con su fuente en directo beneficio del interés público. A su vez, el Estado que quiera guardar reserva sobre determinadas informaciones está en su pleno derecho, pero tales restricciones tienen que estar regidas por una ley expresa y precisa”, precisó.

En ese marco, Torrico considera que al final de cuentas lo que está en juego en la relación entre el poder político y los medios de información es el derecho de la ciudadanía a saber: “Es por eso que hace falta que la sujeción de autoridades y periodistas a las previsiones del capítulo séptimo de la Constitución Política del Estado relativo a la “comunicación social”, a las de la Ley de Imprenta y a otras normas vinculadas no deje margen para la incertidumbre, la ambigüedad o la arbitrariedad”.

El ejecutivo de Unir remarcó que en tiempo de elecciones existe garantía tanto para el derecho de acceso a la información y la propaganda electoral como para el derecho de acceso a datos de estudios de opinión, “derechos ambos que son prerrogativa ciudadana de estar comunicada y suficientemente informada para participar en los asuntos públicos y tomar decisiones fundadas”.