Debate sobre corrupción y despilfarro

En Bolivia hubo épocas de bonanza económica del Estado, por la subida de precios de nuestros recursos naturales en mercados internacionales. Si los mandatarios de esos años administraron adecuadamente tales dineros, debió ser por su buena fe y capacidad para no incurrir en despilfarro.

En la actualidad los medios de comunicación nos informan cada día sobre casos de corrupción en proceso de investigación y otros nuevos que van aflorando. En varios de ellos aparecen implicadas autoridades o sus allegados. Lo grave es que pocos casos llegan a su final.

En tantos casos de corrupción de políticos, muy pocos han sido castigados, a veces ni siquiera se los inhabilita de manera temporal o permanente para participación en nuevas elecciones.

Si es condenable aprovechar el cargo para recibir coimas o sobornos, qué podemos decir de los gobernantes que dejan entrampados a los ciudadanos con obras inútiles e insostenibles, más aún cuando así se enriquecen; ¿están acaso exentos de responsabilidad por haber impulsado obras faraónicas, aeropuertos sin viajeros, satélites sin comunicación, flotas aéreas insuficientes para el control del tráfico de coca y cocaína, terminales y carreteras inconclusas, polideportivos o teatros en cada pequeño pueblo, pero con poco uso, etc?

Si una persona despilfarra su dinero es su problema. Pero si lo que se despilfarra, en proyectos inútiles para la sociedad, es dinero ajeno, extraído con el sudor y el esfuerzo de los trabajadores y sus descendientes tendrán que seguir pagando la deuda acumulada, ¿no debería ser condenado al menos el derrochador, haciendo que nunca más esté a cargo de la cosa pública? ¿Qué clase de oposición hay en la Asamblea Legislativa, que no consigue frenar todo proyecto arbitrario, insostenible?, ¿no son previstas acciones para evitar tales descalabros y posterior desastre económico? Estamos en pleno caciquismo.

Tenemos la ley reguladora de contrataciones públicas, ley de aduanas, ley de lucha contra la corrupción, pero quien hizo la ley hizo la trampa, se utiliza una gama de argucias para burlarlas. Por ejemplo se arma rebaja de la ofertas, a cambio de reformas en la licitación; se usa puertos fronterizos para favorecer con importaciones y exportaciones a funcionarios selectos del Gobierno. En oficinas contra la corrupción, los funcionarios padecen de sordera y miopía cuando los denunciados son altos funcionarios del Gobierno. Como todos ellos serán excluidos de toda culpa y pena, ¿para qué sirve todo intento de lucha contra los corruptos?

Se sabe que los principales gobernantes han instruido en los últimos más de 8 años una inversión aproximada de 75.000 millones de dólares (informe del Ministerio de Economía, primer trimestre 2014) en diferentes proyectos de envergadura, en empresas, organismos o fundaciones del Estado, como “fuerzas que transforman Bolivia”. Esos gobernantes y el Gabinete Económico del Estado deben detallar y explicar cada proyecto de inversión, con documentación elaborada por Estudios de Ingeniería Económica de Pre y Factibilidad de cada proyecto (detallar costos y responsables nacionales o internacionales de cada proyecto), situación económica y financiera actualizada y verídica de cada inversión.

Se supone que toda esa información la tienen documentada y lista, por lo tanto el Presidente del Estado, como conocedor y gran responsable de estos emprendimientos, sin tener “cola de paja ni pelos en la lengua”, se debe sentir tranquilo para afrontar cualquier debate sobre estos temas con los opositores, cuando lo requiera la ciudadanía.

Pero se deduce que en cualquier debate no se abordará temas como: narcotráfico, contrabando de minerales preciosos; desempeño del Tribunal Supremo Electoral; estado de la Justicia, sobornos y sobornadores; beneficios del Grupo 77; situación del satélite, del teleférico; adquisición de bienes suntuosos para seguridad; “logros” alcanzados en salud y educación; elevados gastos en propaganda política oficialista en medios de comunicación del Gobierno y privados, en territorio nacional y del exterior.

Seguramente no se podrá hablar de la libertad, de presos políticos, de información y uso de Internet, de asociación, pensamiento y expresión para entrar y salir del país, para elegir libremente. Y es que estos temas son tratados “científicamente” por expertos del Ministerio de Gobierno.

En otro ámbito, los medios de comunicación muestran la insaciable voracidad de quienes hablan a favor del pueblo y ocultan su único interés en acumular poder, riquezas y vivir en la opulencia. Ante esta cruda realidad, ¿cuánto de dinero darán los negocios misteriosos?, ¿será que las reservas en oro depositadas en el BCB están desapareciendo poco a poco?

En los últimos meses se percibe que como apoyo a “la fuerza que transforma Bolivia”, algunos medios de comunicación privados, con motivo de las próximas elecciones, están en cadena nacional con la TBN, Radio Patria Nueva y el periódico Cambio.

La opulenta cúpula oficialista ya no puede ocultar su podredumbre ni excusarse. Se requiere acciones políticas claras y responsables, que no sean dirimidas en la tupida y sobornable maraña judicial.

El autor es docente universitario.

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