¿Cuál será el final de los juicios políticos?

En los últimos ocho años hubo abundancia de situaciones controvertidas entre el régimen del MAS y una oposición que, al menos hasta hace tres años, estaba en ciernes, en preparación de lo que se creía sería coherente y unida. Las discrepancias habidas en las mismas corrientes contrarias al régimen de gobierno, determinaron que se aproveche esas situaciones y se las divida más mediante juzgamiento a políticos y dirigentes cívicos, apresamientos de presuntos terroristas y hasta hechos de sangre que concluyeron con la victimación de tres presuntos culpables de “organizar terrorismo en el país” y que, hasta ahora, continúa en los ámbitos de investigación, porque las dudas y situaciones contrarias que señala el Gobierno, a nadie convencen.

Hay que convenir, sin embargo, que en los ocho años pasados, no se han repetido situaciones para soportar, por parte de la comunidad nacional, la presencia de reparticiones de represión como fueron el Control Político, organizaciones de milicianos, barzolas, etc., que el gobierno del MNR propició a partir de 1952, temiendo la acción de una oposición inexistente. Ese tipo de organismos no los hay oficialmente como en los tiempos de la “revolución”; pero sí hubo la presencia de otros que se encargaron de “hacer la vida imposible” a muchos políticos, por lo que varios de ellos tuvieron que “tomar las de Villadiego” para no ser víctimas de fiscales, enjuiciamientos y acusaciones por parte de las autoridades.

Hay muchos casos de detenidos en las cárceles y que esperan los juicios anunciados, sin fecha para las sentencias; están a la espera de lo que no tiene visos de continuar hasta el dictamen de sentencia. Esos políticos no saben a qué atenerse, a quién recurrir para alcanzar un mínimo de justicia, sufren encierros por faltas y culpas que “investigadas” por fiscales no han concluido en algo. El caso del ex–prefecto de Pando es el más patético, y lo es tanto que últimamente se muestra ante medios de comunicación expresando criterios sobre el proceso pre-electoral y otros temas inherentes al Gobierno y a la oposición.

Cuando los tribunales de justicia actúan sin seriedad, ni condiciones de equidad y ecuanimidad; cuando la caridad está lejana de sus protagonistas en fiscalías, juzgados y personal auxiliar, nunca puede decirse que “la justicia es así”; es, en todo caso, la mala administración de justicia la que vulnera los principios de justicia. Y esto es lo que ocurre actualmente en el país sin saberse hasta cuándo durarán juicios que no tienen pies ni cabeza y menos se puede colegir sentencias que, cualesquiera sean, ya estarían cumplidas por el tiempo de encierro que llevan las víctimas.

El Gobierno y el Poder Judicial, hasta por un mínimo de humanidad, deberían terminar con todos los casos que impliquen persecución o acusaciones por hechos no probados, contra políticos y dirigentes cívicos acusados y encarcelados sin las debidas pruebas.