Proyectos energéticos y RIN

Los proyectos de hidrocarburos y energía: desde agregación de valor al gas (industrialización) hasta nuevos emprendimientos que den inicio a exploración shale-gas, requieren capital en alto volumen para ser desarrollados.

Grandes proyectos upstream/downstream de capitales privados mueven en project-finance miles de millones de dólares que el Estado, solo, no podría financiar debiendo aliarse con capitales externos para la sostenibilidad del proyecto.

Desde 2006 se viene sugiriendo que el Estado boliviano disponga, mediante Ley de Hidrocarburos, la utilización inmediata, planificada y estratégicamente orientada de hasta 6.000 millones de dólares de los casi 14.000 millones que Bolivia tiene como RIN -reserva internacional neta- en proyectos específicos para arrancar con una planta de producción de GTL -gas a líquidos-, gas-química de segunda generación, fertilizantes, urea, explosivos, y utilización de gas para generación eléctrica (termoeléctricas), entre otros proyectos, además de metanol, o retomar el proyecto de LNG -gas natural licuificado- que puede perfectamente ir de la mano de la industrialización.

Un concepto interesante: siempre hemos sugerido que el Estado cambie de matriz de pensamiento, de “rentista” a país que espere “rentabilidad” de sus operaciones financieras como socio de proyectos de valor agregado. El financiamiento de esos proyectos bien podría ser movilizando las “dormidas” RIN.

En algún momento y seguramente sin los argumentos técnicos respaldatorios necesarios, desde el Ejecutivo plantearon formar un fondo de gasto de 2.000 millones de dólares de esas RIN, previo “referendo”. En todo caso es urgente una planificación estratégica para invertir en operaciones de financiamiento y apalancamiento de nuevos capitales externos en proyectos en donde el Estado boliviano sea un socio capitalista igualitario de multinacionales, en exploración, explotación, producción y posterior industrialización de nuevos volúmenes de gas. Vale decir: poner dinero a nuevas cadenas en nuevas áreas de exploración que tengan éxito de certificación y posterior producción de gas dirigido exclusivamente a proyectos de escala.

De esa forma el Estado boliviano se asegura participar como socio en proyectos que a nivel mundial no sólo tienen éxitos en rentabilidad financiera sino que preparan a los países a ser centros de distribución de energía especializada (diésel a partir del gas, productos plásticos, electricidad y nuevos combustibles generados a partir del gas natural).

Bolivia tiene a la fecha -siempre siguiendo al discurso oficialista- casi 14.000 millones de dólares en RIN, que deben ser orientados en su mayoría, en mi entender, a fortalecer la vocación boliviana “par excellence”: producción a escala de productos derivados de gas natural. Obviamente la industrialización del litio -que es otro acápite pendiente de estudio y análisis en la realidad económica boliviana- necesita energía barata para su procesamiento y no es ocioso pensar en que surtiendo de fondos a negocios a escala de gas natural se puede industrializar el litio con menor costo.

Movilizar las RIN a través de una nueva Ley de Hidrocarburos, específicamente para el sector, es la única forma de conseguir más dinero en proyectos a escala que requieren fuertes capitales, y de esa forma asegurar la presencia del Estado boliviano en el contexto continental como país que pueda surtir a mercados demandantes de diésel, de plásticos y de electricidad, además de fertilizantes y otros productos derivados de la agregación de valor agregado al gas natural.

Todo este concepto debe estar ceñido, sin embargo, a ambientes de estabilidad política con una regulación absolutamente nueva y transparente en el manejo de recursos que deben estar protegidos en una nueva legislación.

El autor es consultor del sector privado.

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