Cuando se procedió al cambio de fiscales, jueces y personal superior de los tribunales de justicia en el país, se lo hizo obedeciendo a un clamor popular en sentido de buscar personal capaz y honesto para la administración de justicia. Producidas las designaciones, hubo en la población -especialmente en la litigante- la esperanza de que todo cambiaría en relación con el pasado; sin embargo, no fue así y la decepción fue muy grande porque el nuevo personal no sólo siguió las conductas de sus antecesores sino que, en casos, las agravó.
Muchas veces, en el sentir popular, ha circulado la frase: “La justicia boliviana es la peor injusticia” y ello está muy lejos de la realidad porque la justicia en sí es buena, es honrada y es honesta, es ecuánime y obra con equidad, es digna de confianza de quienes requieren de ella, es, sobre todo, depositaria de las esperanzas de quienes la requieren.
Lo grave es que la administración de la justicia es lo malo que ha existido en Bolivia -como en muchas partes del mundo- porque esa administración no siempre está librada a la idoneidad, capacidad, virtudes, valores y responsabilidad de quienes ocupan cargos o situaciones de juzgar en los tribunales o sitios en que se dispensa la justicia. No es la justicia la que falla, son los administradores, los encargados de estudiarla para cada caso y aplicarla conforme a principios de equidad, idoneidad y justicia.
Los jueces, en su condición de juzgadores, tienen la obligación de contar con los debidos valores y principios, tener idoneidad para el desempeño del cargo, haber demostrado en su vida condiciones de honradez, responsabilidad y vocación de servicio; pero, muy especialmente, no tener antecedentes de hechos contrarios al bien común. En fin, contar con principios y valores.
Las expectativas del país, desde siempre, han sido contar con tribunales que efectivamente administren justicia, pero con base en lo que señalan la Constitución, las leyes y la misma jurisprudencia que, se supone, contiene casos dignos de estudio por la probidad, ecuanimidad y principios de caridad que se ha impuesto para el cumplimiento de una sana, honesta y digna justicia que honre a la judicatura boliviana; sin embargo, lo transcurrido es más que decepcionante y muestra la urgencia de que las futuras designaciones se las haga teniendo como premisa condiciones de mucha moralidad que posean los candidatos para el desempeño con idoneidad y responsabilidad de las funciones de juzgadores para que el Poder Judicial sea ejemplo para todos los ciudadanos y, muy especialmente, para quienes ejercen la abogacía u ocupan puestos de importancia legal en altos puestos del Gobierno y del Estado en general.
Es, pues, importante que las futuras designaciones sean hechas sobre bases que compatibilicen debidamente con principios de honradez, responsabilidad y vocación por el bien común, porque la administración de justicia es la cara de una debida función en aras de todos los derechos del ser humano.
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