Oruro, (EL DIARIO).- Oruro reivindica la fortaleza de la marcha de 25 mil personas que protestaban en forma pacífica contra el Decreto Supremo 21060, que frenó la hiperinflación económica del país, pero también provocó la relocalización de 27 mil trabajadores de las minas, como en San José, Huanuni y otras empresas que dependían del Estado.
El secretario de conflictos de la Central Obrera Departamental, Jhonny Sanabria, dijo que aquella movilización “demostró la unidad de los trabajadores y del pueblo orureño, para mostrar una fortaleza jamás vista en la historia de Bolivia, porque cuando no habían alimentos, los comerciantes recolectaban víveres para cocinar y para entregar fruta a los marchistas”.
La Marcha por la Vida y la Paz, como se denominaba originalmente, fue acordada en un ampliado nacional de la Central Obrera Boliviana, efectuada en la mina de Huanuni. Después, se efectuó una reunión del Comité Cívico de Oruro y luego una marcha en la Avenida Cívica.
Desde el 21 de agosto de 1986, la marcha siguió sistemáticamente, cada día, por diferentes tramos, mientras crecía la cobertura informativa por diferentes medios de comunicación nacional e internacional. Los mineros eran los primeros, pero estaban respaldados por las juntas vecinales y el Comité Cívico, porque “se trataba de defender las fuentes de trabajo de los mineros, que también generaban ingresos para Oruro”.
“El 28 de agosto de 1986, terminó la marcha, porque habían cinco anillos de sistemas de seguridad de los militares y policías. Por encima, volaban los aviones y después se vieron tanques y soldados bien armados que hacían temer una masacre, durante el gobierno de Víctor Paz Estenssoro”, dijo Sanabria.
El dirigente ferroviario dijo que a sus 31 años participaba en la movilización y todos los días se debía caminar por lo menos 30 kilómetros. “Era increíble la participación de la ciudadanía. También estaban grupos de universitarios y docentes, maestros urbanos y rurales”, recordó.
La marcha fue cercada por los militares y policías en la población de Calamarca, cerca de la ciudad de La Paz. “La orden de Víctor Paz era impedir el ingreso de los mineros, fabriles, campesinos, comerciantes y otros sectores, a La Paz”, explicó Sanabria.
El ejecutivo de la Central Obrera Departamental (COD), Vladimir Rodríguez, rindió homenaje a los mineros de Huanuni y San José, particularmente, porque ellos fueron los promotores de esta insólita movilización que despertó la conciencia del pueblo boliviano, frente al despido de 27 mil mineros, con el rótulo de “relocalizados”.
Dijo que el gobierno de Paz Estenssoro hizo creer que la relocalización “era una reubicación de los mineros a otras fuentes de trabajo, pero en los hechos, nada de eso ocurría y lo único que ha provocado es la destrucción de miles de familias, el éxodo en las minas”.
Afirmó que unos pocos han quedado en las minas, que hoy siguen trabajando y algunos ya se han jubilado, pero es justo reconocer el esfuerzo y la unidad del pueblo orureño en aquella Marcha por la Vida y por la Paz.
En 1986, 5.000 mineros bolivianos que, acompañados por sus familias, marchaban hacia La Paz para protestar por el cierre de minas estatales decidieron voluntariamente regresar a su centros de trabajo después de permanecer cercados durante más de 24 horas por fuerzas del Ejército a 57 kilómetros de la capital boliviana. Los trabajadores iniciaron el retorno en 40 autobuses prestados por la alcaldía de La Paz y en otros vehículos particulares, mientras la dirección de la Central Obrera Boliviana (COB) lanzaba un llamamiento a una huelga general contra la implantación del estado de sitio.
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