ONU observa falta de reglamentación a Ley 348

A pesar que Bolivia ha sido el primer país de Latinoamérica en implementar una “Ley Integral para Garantizar a la Mujer una Vida Libre de Violencia (Ley 348)”, Katherine Grigsby, coordinadora residente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Bolivia, sostiene que la realidad muestra que no es suficiente tener una ley (en papeles y los discursos), sobre todo cuando esta no es respaldada por una reglamentación.

Tal como lo habían manifestado organizaciones civiles por los derechos de la mujer, víctimas sobrevivientes y familiares contra la violencia hacia la mujer, en sentido de que la protección a este sector en Bolivia “es solo un discurso” y que solo ha significado un cambio de nombre a instituciones, sin impedir que estos crímenes se incrementen, ayer la representante de ONU, Grigsby, dio a conocer similar apreciación.

Los alarmantes informes emitidos desde el Centro de Información y Desarrollo de la Mujer (Cidem), dan cuenta de que en los últimos cinco años y seis meses, 864 mujeres han muerto en diferentes circunstancias violentas, pero de esta cifra, 551 casos son tipificados como feminicidios, es decir, violencia física, psicológica, sexual o de algún tipo seguido de fallecimiento, de esta cifra, solo se conoce dos condenas ejecutoriadas.

En la última semana el Defensor del Puebl, se adhirió al Cidem para exigir se declare la alerta nacional, amparado en artículo  38 de la Ley 348, contra la violencia que se ejerce hacia la mujer.

MOMENTO CLAVE

Grigsby aseveró que la falta de una reglamentación, además de un conjunto de políticas y programas implementado desde el Gobierno, lleva a que la sociedad boliviana debe exigir respuestas al Estado y a los candidatos a cargos jerárquicos, con la perspectiva de que el futuro presidente, a ser elegido el 12 de octubre, erradique las carencias en la implementación de esta norma. Además que considera que el país se encuentra en un momento clave para fortalecer los procesos educativos, judiciales y de políticas públicas destinados a luchar contra el feminicidio desde una perspectiva preventiva integral, social y educativa.

Consultada sobre la situación particular de Bolivia, Grigsby señala que, esta norma, impulsada por el efecto de un caso emblemático y las presiones sociales, constituye un marco fundamental para levantar las voces con mucha más fuerza.

“Pero, la realidad nos muestra que no es suficiente tener solo una ley. Sobre todo cuando esta no está respaldada por una reglamentación, con un conjunto de políticas y programas de Estado que protejan y prevengan la violencia contra la mujer de manera integral”, sostuvo la representante de la ONU.

La ineficiencia de la ley resulta más visible cuando los recursos asignados por el presupuesto son insuficientes, cuando la perspectiva de género no es parte de la formación ni del ejercicio profesional de los operadores de justicia, de la Policía y el Ministerio Público, “y en la medida en que podamos hacer que esto se haga realidad, podremos hablar también de un paso más en la democracia”, explicó.

FUTURO GOBIERNO

El fenómeno también cobra realce en un contexto donde la sociedad boliviana se está jugando su futuro en las próximas elecciones. ¿Qué hará el futuro Presidente de Bolivia con esa ley para que una situación como la que estamos viviendo se contenga? Esta es la gran pregunta y posiblemente la población boliviana, en el fondo está diciendo ¿qué pasa? este es el momento de alzar las voces ante los candidatos e incidir en esta perspectiva hacia el futuro, es decir, se deben alzar las voces contra este delito cruel que afecta a las mujeres y a la sociedad, exigir que el Estado cumpla su rol y que los candidatos actuales den respuestas a las demandas.

RESPALDO DE LA ONU

En ese contexto, a través de ONU Mujeres, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos y las distintas agencias de Naciones Unidas, en los siguientes días, presentará en Santa Cruz, un protocolo realizado de manera específica contra el feminicidio en Bolivia.

El protocolo, a diferencia de los tratados, no es una política sugerida y tiene fuerza, sobre todo después que similares documentos han sido adoptados a nivel regional. Es una herramienta que permite movilizar a la sociedad alrededor de temas sobresalientes y comunes en casos de feminicidio.