Según revelaciones de un candidato a la Presidencia de la República, “se descubrió la existencia en el Padrón Electoral de más de 300 personas fallecidas, tan sólo en La Paz”. Si ello es evidente, como seguramente será debidamente comprobado por el organismo electoral, surge una pregunta en la colectividad: ¿Si en una ciudad y registros de un cementerio aparecen centenares de muertos, sumados todos los nosocomios, cuál será la cantidad de muertos que aparecen habilitados para votar?
La denuncia es grave y, más grave y preocupante resulta que la Presidenta del Tribunal Supremo Electoral haya expresado que “se hará una auditoría después de las elecciones”. Auditar el Padrón Electoral o los registros en cada notaría electoral sería de nunca acabar y, lo más alarmante es que de nada serviría si las elecciones ya se realizaron. Una auditoría del Padrón Electoral correspondería antes del proceso de elecciones, puesto que hacerlo posteriormente sería inútil, ya que el Padrón serviría para que “voten también los muertos”.
Lo que se ha lamentado es que el Padrón Electoral haya sido entregado con tanto retraso y esto dio lugar a creer en la posibilidad de que esté siendo modificado conforme a intereses creados. El TSE da razones para estos retrasos y cree que se lo hizo “en el tiempo preciso”. Ahora, ante las denuncias sobre la presencia de personas fallecidas que figuran como jurados, lo que corresponde es que, en tiempo récord y haciendo los esfuerzos mayores, se depure el Padrón Electoral.
Crear dudas o susceptibilidades en la ciudadanía sobre la seriedad del Padrón da lugar a que el proceso se vea afectado y los resultados que se obtenga no convenzan a la comunidad y menos a los propios candidatos e inclusive el que pugna por la re-reelección conciencialmente vería mal la presencia de un Padrón Electoral no depurado.
El proceso de elecciones es un acto democrático que implica será llevado a cabo con marcos de absoluta imparcialidad, transparencia y responsabilidad por parte del Tribunal Supremo Electoral que se extrañaría no haya hecho una depuración antelada en cuanto se cerraron los registros electorales. La información oficial del Tribunal señala que “los casos aparecidos son fallecidos en los meses posteriores al cierre del registro ciudadano”; esto, desde todo punto de vista resulta ilógico si la depuración era constante y debió incluir a los meses en que ya no hubo registros; en otras palabras, hasta el mismo momento en que se dio a conocer la cantidad de personas habilitadas para votar.
Será preciso y urgente que el TSE inicie una depuración que, dados los sistemas cibernéticos modernos, es posible realizar y no esperar que transcurran las elecciones para recién proceder a un trabajo de auditoría que sería extemporáneo.
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