Derecho y deber de votar en elecciones

Al haber cumplido (10-X-2014) treinta y dos años de vivir en continua democracia, enfrentamos un nuevo proceso electoral para elegir autoridades: Presidente y Vicepresidente, y, además, diputados uninominales -los demás, senadores y diputados plurinominales, prácticamente ya han sido designados “a dedo” por los partidos políticos y sólo esperarán su ratificación conforme a los resultados electorales-.

Está muy bien establecido en los países practicantes de la democracia que el derecho electoral establece las condiciones jurídicas del derecho a la participación política tanto en su campo activo, como es el derecho de participar mediante la emisión del sufragio; como también en el campo pasivo, que es el derecho de acceder mediante la elección popular al ejercicio de cargos públicos.

Para cumplir estas funciones, el voto cumple parte decidida y es pieza esencial del acto de elegir. El ciudadano tiene el derecho al voto, es propiedad del individuo que nadie puede conculcar, dirigir o anular porque es algo inmanente a la personalidad, a la conciencia, a la moral de la persona. Por su lado, el deber, un precepto obligado por los compromisos religiosos y las leyes civiles que regulan la vida de nuestra República; en otras palabras, es una obligación moral que no debe rehuirse.

Se debe entender que el derecho al sufragio es una identificación con el derecho al voto y, en el buen sentido, está ligado a la democracia, sistema que permite la elección popular de las autoridades para que sean legales y legítimas conforme a los resultados en la cantidad de votos que deposita la ciudadanía. Esto implica que el voto no puede ni debe ser manipulado, ni directa ni indirectamente, como sería el caso de imponer un Padrón Electoral inflado, falso, contrario a la moral y a las leyes.

El derecho al sufragio significa algo más que un mero derecho al voto, porque se lo sitúa en la esfera de lo público y no en la de lo privado. Se lo identifica en la actividad pública o, tal vez más propiamente, política, atribuida a los ciudadanos; es decir, a los miembros de una sociedad política, como son los inscritos en los registros electorales con la obligación que tienen de votar.

Si se cree, como es el caso nuestro, que la soberanía radica en el pueblo, no hay otro medio más veraz de comprender la voluntad popular que mediante el ejercicio del voto porque el derecho al sufragio se ejerce tanto en una democracia representativa como en una directa. Votar en elecciones es, pues, ratificar la vocación democrática sin limitación ni control alguno, sin cortapisas ni influencias de ninguna clase y ello lleva a que el voto sea un acto de conciencia porque se vota por quien uno cree que debe hacerlo.

El ejercicio del voto es un derecho y un deber, ambos van entrelazados porque corresponden a la conciencia del ciudadano para creer o no en un candidato, en sus programas, principios e intenciones. Lógicamente, siempre existe el peligro del equívoco; es decir que el beneficiado con el voto y es elegido en un cargo que implique atención y servicio al Estado o sea al bien común, no cumpla nada de lo comprometido durante su campaña electoral y haya recurrido a programas, principios y valores como simples instrumentos para alcanzar el poder sólo por el poder. Este tipo de experiencias, lo han sufrido muchos pueblos y Bolivia no es la excepción por las frustraciones, decepciones y angustias sufridas por causa de quienes han tomado a la democracia como medio para cumplir simplemente con sus ambiciones y cubrir sus intereses personales o partidarios sin importarles que su conducta los tilde o califique como totalitarios o dictadores.

Votar en elecciones, conforme a los dictados de la conciencia, es algo que no puede rehuirse -salvo causas de fuerza mayor- y tampoco puede manipularse o tergiversarse por “obligación” creada por quienes sólo buscan la satisfacción de sus intereses y ambiciones. El voto a conciencia es el gran espaldarazo que se da a la democracia, es una forma de mostrar lo que se quiere y espera de quienes asuman, con honestidad y responsabilidad, los poderes que el Estado les confía.