Transporte pesado se moviliza el lunes

Un paro de 24 horas para el próximo lunes 10 fue anunciado por la Cámara de Transporte Pesado Internacional de El Alto en reclamo por incumplimiento de un acuerdo por parte del Gobierno respecto a perjuicios sobre importaciones y exportaciones del comercio exterior; a ello se suma el maltrato a conductores en frontera y el robo de autopartes en interior Aduana.

Luis Chuquiatapia, ejecutivo de la organización, en conversación con EL DIARIO, aseguró que el sector del transporte pesado enfrenta una serie de inconvenientes que fueron postergados por las autoridades actuales, pese al incremento de las importaciones en un 100% en el puerto de Arica-Chile y un 80 por ciento en la frontera con el Perú.

“Realmente estamos molestos con las autoridades del Ejecutivo (nacional), incluida la Aduana, Ministerio de Relaciones Exteriores, el Control Operativo Aduanero (COA), entre otros entes, por varios problemas que debemos enfrentar, desde las coimas, hasta la ausencia de autoridad en los controles aduaneros de frontera”, detalló.

Las quejas continuas por parte del sector de transporte van desde la mala atención por parte de funcionarios aduaneros nacionales o extranjeros, además de los procesos burocráticos que postergan no sólo el libre tránsito en puntos fronterizo sino perjudican actividades del comercio exterior.

A ello, se suman los denominados controles en puestos fijos y móviles por parte de funcionarios tanto del Control Operativo Aduanero (COA) como del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (FFAA), quienes no efectivizan su control en las más de 100 rutas alternas donde ingresa el contrabando y prefieren mantenerse apostados en los puestos fijos del transporte de importación legal, con la finalidad de buscar extorsionar a los choferes.

Para Chuquiatapia, las extorsiones son modos de operar tanto de funcionarios nacionales como extranjeros, quienes no son denunciados en su momento ante la barrera protectora que se brinda entre varias instancias destinadas a realizar los denominados “controles” de carretera.

Otro de los problemas a enfrentar son los constantes robos de autopartes en interior Aduana de El Alto, donde nadie se hace responsable por la pérdida de cerebros de vehículos, faroles, radios de comunicación, entre otras autopartes, pese a las reiteradas denuncias realizadas por esta instancia a varias de las oficinas de la Aduana quienes fuera de acumular las acusaciones, poco o nada definió en la política de seguridad garantizada tanto a la mercadería depositada como a los camiones de transporte.

“Esta es la temporada más alta y la que demanda mayores extorsiones por diferentes sectores, tanto en la salida e ingreso de camiones donde las carreteras fronterizas, por ejemplo, por día, sea fin de semana, feriado u ordinarios, salen 70 camiones, 70 están en tránsito y otros 70 en espera, esto sólo en lo que refiere a importación. En exportación es otra cantidad, tanto al Perú como Chile, por eso para algunos malos funcionarios, es la fecha de hacer ‘su agosto’”, lamentó el entrevistado.

A la llegada de los camiones de alto tonelaje a la Aduana de la urbe alteña, aún ubicada en el sector, dichos vehículos deben buscar vías para rodear los recintos aduaneros, a diferencia de otros países donde la terminal aduanera se encuentra en sectores alejados del radio urbano ante el incremento de transporte pesado.

Alrededor de 280 empresas están afiliadas a la Cámara de Transporte Pesado Internacional de El Alto y de ellas dependen entre 10 a 70 camiones por cada una de las empresas, sector que en los últimos cinco años si bien ha tenido un importante crecimiento, el mismo no es poyado por instancias del Ejecutivo, fuera de las dificultades que deben enfrentar con otros funcionarios de Chile y Perú, quienes prosiguen no sólo incumpliendo el tratado de 1904, en el caso de la gendarmería chilena, mientras que Sunat, en el Perú, buscaría mejorar sus ingresos económicos con las extorsiones y los maltratos a conciudadanos de este sector.

Dicha problemática se triplica en la temporada de fin de año, factor que nuevamente es el impulsor de una nueva medida de presión que busca la inmediata atención por parte de las autoridades de Gobierno.