Exfuncionarios de Cotas negocian sentencia

Aún sin conocer los detalles, el abogado Otto Ritter informó ayer que tres exfuncionarios de Cotas, implicados en el caso Terrorismo, se encuentran en tratativas para “negociar su inocencia”, lo cual fue confirmado a EL DIARIO por el presidente del Tribunal Primero de Sentencia de La Paz, Sixto Fernández, en sentido de que estos habrían solicitado al Ministerio Público audiencia de conciliación.

Fernández señaló que todas las personas que están procesadas en este caso tienen el derecho de solicitar salidas procesales, según dispone la Ley de Descongestionamiento y Efectivización del Sistema Procesal Penal Nº334.

La autoridad judicial admitió conocer de procesados que solicitaron acogerse a este recurso y sería el Ministerio Público quien haga la evaluación, sin embargo, evitó dar sus nombres.

En contacto con EL DIARIO, Ottor Ritter, abogado de Gari Prado Salmón, uno de los implicados, mencionó que los solicitantes serían los exfuncionarios de Cotas, Juan Carlos Velarde (expresidente de Cotas), Hugo Melquiades y Marcelo Terceros Pereira.

Ritter afirmó que estos son conocidos como “el batallón de los mudos, porque nunca hablan nada” y que no tiene conocimiento de qué se estarían negociando pero que esta resolución debe ser trasladada a la logia de los “Caballeros del Oriente”.

Por otro lado, se conoce que los defensores de Ignacio Villa Vargas, Alberto Melgar y otros imputados se sumaron a este pedido.

PROCESO

El juez Fernández sostuvo que en caso de que alguno de los acusados decidiera someterse a este procedimiento deberán, a través de sus abogados, realizar varios requisitos para aceptar la culpabilidad y beneficiarse con la reducción de las penas. 

“Esta ley ya está en vigencia, por lo tanto son las partes quienes podrán analizar y ver las posibilidades de acogerse a las salidas que esta norma ofrece. Eso es a criterio de las partes, es una situación que el juez valorará en el momento que se presente hasta antes de dictar sentencia puede ver algún tipo de salida dentro del proceso en este caso del juicio oral, esto está sujeto a la voluntad criterio y análisis que hagan las partes dentro del proceso mediante sus abogados”, dijo.

La normativa tiene el propósito de limpiar los juzgados de la retardación de justicia en causas penales, para lo cual también se otorga un plazo de 15 días a los jueces de instrucción penal a conminar a los fiscales de todo el país para que en un plazo de 25 días identifiquen los casos preliminares que estuvieron paralizados hace un año, a fin de que sean publicados antes de su archivo.

Una vez cumplidos ese procedimiento, las víctimas tendrán un plazo de 10 días hábiles para activar el proceso y, vencido el tiempo, el fiscal de materia dispondrá el archivo de obrados.

Si en el plazo de un año computable desde la notificación con el archivo de obrados, el caso no es reactivado, se extinguirá la acción penal de oficio, previa notificación a la víctima.