En La Paz
La representante del defensor del Pueblo, Teófila Guarachi, manifestó que de los 87 municipios paceños, sólo 20 cuentan con defensorías y equipos interdisciplinarios, para la atención de casos de violencia contra la mujer o la niñez. Por su parte, la directora del Servicio Departamental de Gestión Social (Sedeges), Agustina Quispe, dijo que luego de la Cumbre de Concejales, se ha logrado ampliar las defensorías a 50 localidades, sin embargo estas no son suficientes ante lo casos de agresiones en el área rural.
“Lamentablemente en el país, los hechos de violencia se están dando en una total impunidad e incluso se está naturalizando situaciones de agresión. En La Paz, de los 87 municipios, no más de 20 cuentan con defensorías con equipos multidisciplinarios, en el resto de los municipios, apenas cuentan con una abogada o con una trabajadora social”, señaló Guarachi.
Esta situación correspondería a la insensibilización y descuido de las autoridades, toda vez que en la mayoría de los municipios, a pesar de haber un fondo para gestión social, no se prioriza, ni ve necesario la creación de defensorías.
Al respecto, luego una cumbre de concejales de todo el departamento, la directora del Sedeges, agustina Quispe, señaló que se ha logrado extender la creación de defensorías a 50 municipios, sin embargo, la lejanía y falta de médicos forenses, jueces y fiscales hacen que las denuncias sean bastante lentas por lo que las victimas del área rural dejan las denuncias y optan por la conciliación.
Para la trabajadora social, Alejandra Vera, la falta de defensorías sobre todo en los municipios rurales del país genera carencia de datos exactos sobre los casos y tipos de violencia en contra de niñas, adolescentes y mujeres adultas en La Paz.
“Otro de los tipos de violencia muy frecuente son las agresiones sexuales a menores de edad, en los que más de la mitad de los casos son los mismos padres, hermanos, tíos, abuelos y primos los que realizan la vejación y que cuentan con el encubrimiento de los padres, que arreglan el problema concertando un matrimonio o arreglando una compensación económica en el caso de que no exista embarazo”, señaló Vera.
La especialista indicó que en el caso de las mujeres adultas, la violencia radica en golpes y maltrato psicológico, que es aguantado por la dependencia económica, la falta de seguridad en que un proceso evite que reciba una nueva golpiza o la falta de apoyo de la misma familia para abandonar el centro de agresión.
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