En casos de trata y tráfico
La representante del Defensor del Pueblo, Griselda Sillerico, dijo que existe debilidad en persecución penal contra quienes están involucrados en casos de trata y tráfico de personas. Aquella conclusión la lanzó luego de sostener un “conversatorio” con las fiscales que investigan estos casos al igual que los relacionados a la violencia de género.
Sillerico dijo, a manera de conclusiones, que todo lo hecho está relacionado a la exigencia del cumplimiento a la Ley de Trata y Tráfico de Personas (Ley 263), no sólo con la norma, la política o la existencia del Consejo Nacional. Sino también con el enfoque de género, las fiscales que atienden lo que es trata y tráfico, violencia contra la mujer y acoso político.
“Tenemos una preocupación en lo que es la persecución penal, estamos preocupados porque aún hay impunidad”, dijo a término del conversatorio entre las fiscales del área y del Defensor del Pueblo.
Sostuvo que para que se implemente una ley se requiere presupuesto para encarar los temas de investigación, las condiciones para el cumplimiento de las actividades de los investigadores y tampoco el recurso humano.
FISCAL
La fiscal Susana Boyan dijo que el principal problema en la parte de dar aplicación a la Ley 263 “son los medios logísticos”.
“Faltan políticas de Estado para poder dar aplicación a esta ley”, habida cuenta de que si bien se aprobó el reglamento de la Ley 348 que dispone el Estado recursos para la Policía y la creación de hogares de acogida “pero no para el Ministerio Público que es el director de la investigación”.
A todo ello, se suma la parte de especialización en delitos de trata y tráfico, que en su criterio debiera estar acompañado con la creación de juzgados especializados, como se lo hizo con los relacionados a la violencia contra la mujer.
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