FARC de Colombia
Bogotá.- Un panfleto emitido presuntamente por la guerrilla de las FARC declaró como “objetivo militar” a más de veinte indígenas en el suroeste de Colombia, informó ayer la Defensoría del Pueblo.
En el escrito, fechado el viernes en las montañas del norte del departamento del Cauca, se anuncia la persecución a 26 representantes de los cabildos indígenas de esa región, contra los que, añade, se iniciará en las próximas 48 horas un “plan de guerra”.
“Los llamados líderes indígenas, por medio de su guardia, son quienes le hacen juego a la fuerza pública para que ataquen nuestros campamentos y capturen a nuestros hombres”, se indica en la amenaza, informó Efe.
Por el momento, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que negocian desde hace dos años la paz con el Gobierno colombiano en La Habana, no se han pronunciado sobre este documento.
En un comunicado remitido ayer, la Defensoría rechazó este “inadmisible” panfleto que, apuntó, “contradice abiertamente la voluntad de paz expresada por los negociadores de las FARC en los diálogos” de la capital cubana.
Por este motivo, la institución consideró que los negociadores de la guerrilla “deberían aclararle a la opinión pública si las manifestaciones del comunicado emitido ayer corresponden a una postura oficial y unificada de la organización, o si por el contrario la desautorizan”.
Y es que para la Defensoría resulta “paradójico” que mientras se avanzan los diálogos de paz “se declare la guerra contra los indígenas”.
Este supuesto panfleto de las FARC se conoce tres días después de que varios guerrilleros asesinaran a dos miembros de la comunidad indígena Nasa en el municipio e Toribío, también en el suroeste de Colombia.
Los dos fallecidos formaban parte de la Guardia Indígena del Norte del Cauca, un organismo con el que las comunidades que habitan dicha región desarrollan una estrategia de organización y de defensa de los derechos, el territorio, la autonomía y la cultura propia de estos pueblos.
Al parecer, los fallecidos participaban en la búsqueda de guerrilleros involucrados en el atentado contra un líder comunitario que había retirado una valla propagandística en homenaje a quien fue el número uno de las FARC, Guillermo León Sáenz, alias “Alfonso Cano”, fallecido en una operación militar.
Tras el crimen de los dos hombres, compañeros de la Guardia Indígena iniciaron una partida de búsqueda que concluyó con la detención de ocho miembros de las FARC, según la Defensoría, mientras que el Gobierno sostiene que son seis subversivos.
Los guerrilleros permanecen retenidos en paradero desconocido a la espera de que la comunidad Nasa les aplique un juicio con base en las normas de su comunidad que el Gobierno colombiano ha anunciado que respetará.
El crimen de los dos indígenas generó la condena pública de la ONU y los negociadores del Ejecutivo de Juan Manuel Santos en el proceso de paz.
A ellos se sumó la Defensoría, que recordó ayer que los indígenas son sujetos de especial protección por la legislación colombiana, los convenios internacionales y una medida cautelar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitida desde el año 2009.
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