Consuman referendo para independencia en Cataluña

Barcelona (España).- Más de dos millones de ciudadanos participaron ayer en una consulta alternativa sobre la eventual independencia de la región autónoma de Cataluña (noreste de España), en abierto desafío a las autoridades españolas que la declararon ilegal y sin garantías democráticas.

Según anunció el presidente del gobierno catalán, Artur Mas, promotor de la consulta, “más de 2 millones de personas”, de un censo estimado de 5,4 millones, acudieron ayer a los puntos de votación que fueron habilitados por las entidades convocantes -partidos y organizaciones ciudadanas favorables a la independencia, informó Efe.

El Gobierno español dejó claro que no da ninguna validez a las cifras proporcionadas por la Generalitat (gobierno autónomo catalán), dado que la consulta careció de “mecanismos de control” como un censo previo o una junta electoral que vele por la limpieza del proceso, según dijeron a Efe fuentes del Ejecutivo central.

En una declaración institucional, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, afirmó que el ejercicio de ayer fue un “simulacro inútil y estéril” que carece de cualquier validez democrática y que solo sirve para “exacerbar” la división entre los catalanes.

A juicio del Ejecutivo español, la de ayer fue una “jornada de propaganda política, organizada por fuerzas partidarias de la independencia y carente de cualquier tipo de validez democrática”.

A los participantes en la votación -mayores de 16 años con residencia acreditada en Cataluña- se les planteaba una doble pregunta: “¿Quiere que Cataluña sea un Estado?” y, en caso afirmativo, “¿Quiere que sea un Estado independiente?”.

La votación tuvo lugar pese a que el Tribunal Constitucional español suspendió, primero, el plan de la Generalitat catalana de celebrar un referéndum de autodeterminación y, poco después, también la fórmula de una consulta alternativa con las mismas preguntas.

Para esquivar la prohibición, la autoridades rebautizaron la consulta como “proceso participativo” y confiaron su ejecución a millares de voluntarios que ayer se distribuyeron por 1.317 puntos de votación en todo el territorio catalán.

Aunque las urnas no fueron finalmente retiradas, la justicia investiga si el gobierno catalán ha incurrido en los delitos de desobediencia, prevaricación y malversación de dinero público.

La Constitución española de 1978 atribuye solo al Gobierno central la potestad de convocar referendos y no contempla la posibilidad de la secesión de una parte del territorio, ya que corresponde a todos los españoles decidir sobre el futuro del país.