Consejo nacional de energía e hidrocarburos

Propuesta vieja: data de 2006 cuando se propuso públicamente la formación de un consejo técnico de energía e hidrocarburos, por convocatoria presidencial, y con el objetivo de asesorar en public policies en materia energética.

Sería conformado por expertos, analistas, académicos, ejecutivos y entendidos en gas, petróleo, electricidad y energía, conceptualmente hablando, para analizar, discutir y formular ideas, planes, políticas y marcos regulatorios y dejarlos a disposición del Legislativo y del Ejecutivo. Un consejo alejado de las pasiones partidarias y apasionado por la energía.

Desde 2006 vengo fastidiando la atención ciudadana en este tema.

A propósito de la baja de los precios del petróleo y del anuncio del jefe de Estado de “iniciar un debate técnico para hacer frente a la baja del precio internacional del petróleo”, es oportuno recalcar la finalidad de este consejo asesor que bien podría delinear las bases de la Reforma Energética Boliviana y los proyectos de nueva Ley de Hidrocarburos, nueva Ley de Electricidad y nueva legislación en regulación sectorial que re-emplacen a los actuales marcos normativos y de perfilar proyectos que re-emplacen la visión de venta de materia prima por venta de derivados (industrialización).

Bolivia exporta gas natural a Brasil y Argentina, cuyos precios están ligados a los precios internacionales del petróleo Intermedio de Texas (WTI).

El mayor jugador mundial del mercado petrolero, Arabia Saudita, en lo que algunos analistas califican de “movida” para reducir el crecimiento de la industria del shale (fracking o explotación de gas y petróleo no convencional) de Estados Unidos, redujo precios del petróleo que mercadea y, obviamente, puso en aprietos a muchos, entre ellos a Venezuela y a Bolivia, para hablar de este lado del hemisferio.

Al término de esta columna el barril WTI está en 77,19 dólares, su nivel más bajo en tres años.

Aunque algunos analistas indican que la baja es coyuntural, es bueno tomar precauciones para evitar mayores perforaciones a la economía boliviana. Por ello urge un consejo técnico asesor que vaya orientando políticas al respecto.

Según proyecciones de funcionarios de la Gobernación de Santa Cruz -a las que muchos analistas se adscriben- habrá una baja de ingresos a Bolivia de entre 600/700 millones de dólares en la gestión 2015, por la caída del precio del barril de petróleo.

Naturalmente esa reducción afectará la inversión pública y los presupuestos del estado central, departamental, municipal y de universidades.

Entre las iniciativas para paliar ese “bajón” presupuestario está, entre otras, la emisión de bonos de deuda, con intereses a pagar en el tiempo y para financiar proyectos específicos.

Sin embargo desde la perspectiva energética lo ideal es intensificar la inversión en exploración, iniciar la industrialización y mover la visión del país de ser mero-vendedor y un productor de valor agregado (en gas), porque no olvidemos que Bolivia es un país gasífero, antes que petrolero.

La caída del precio del petróleo va a incidir en Bolivia.

Algún analista ya se anticipó a indicar que Bolivia se verá privada de percibir el 20%, vale decir que en 2015 tendremos menos veinte dólares por cada billete de cien recibido por el estado boliviano.

Un consejo técnico asesor en hidrocarburos estaría estudiando, además de las políticas públicas, la mejor forma de incentivar inversiones para nuevas áreas de exploración en proyectos convencionales de gas y petróleo y empezar a avanzar en legislación y marcos mínimos regulatorios para impulsar desarrollo de exploración en shale-gas, por ejemplo.

Sólo para dar una mirada a la exploración en el país, vemos que en ésta década no avanzó con el mejor ritmo: hay un plan de exploración, pero con poca inversión estatal y menos inversión privada. Para certificación de mayores reservas de petróleo y gas -fundamentalmente- se necesita dinero.

Por otro lado: ir a promocionar Bolivia pidiendo a compañías y estados internacionales que inviertan en la industria energética sin tener una nueva Ley de Hidrocarburos es poco menos que iluso. Todos van a pedir un marco mínimo en donde poner su dinero para invertir.

Sólo como dato: el Plan de Exploración 2011–2020, que consigna el lanzamiento de una ronda internacional para la promoción de áreas, contemplaba el desarrollo de actividades de prospección en 118 áreas en el período en cuestión; pero urge el marco grande, la Nueva Política Energética (NPE) en la cual se van a desarrollar esas inversiones.

Lo grave sería que se empiece a meter mano a las RIN -reserva internacional neta- para gasto corriente, o sea para seguir gastando como si no se hubiera reducido el ingreso. Lo interesante sería que parte de esas RIN sea dirigida a proyectos de infraestructura energética concreta: una planta de gas a líquidos, por ejemplo.

Pero bueno, así va el país y es importante que entre 2015-2020 el país empiece a dar pasos serios en industrialización de gas con proyectos de escala y estar más armados y mejor preparados para otra eventual caída de precios del barril de petróleo. Y todo ello en el marco de políticas públicas serias, coherentes y de largo plazo, diseñadas por entendidos alejados de presiones, pasiones y cortoplacismos.

El autor es consultor del sector privado, interactúa en twitter>> @bguzqueda