La asambleísta departamental Vilma Magne pidió celeridad al proceso iniciado el 2011 al exalcalde de San Buenaventura, Adalid Carvajal, por los delitos de uso indebido de bienes e incumplimiento de deberes, interpuesto por el Movimiento Sin Miedo (MSM).
La autoridad se refirió a la extensión de la demanda al Gobierno Central con el fin hacer respetar las nuevas modificaciones a la justicia de Bolivia, porque en la promulgación se indicó que esta fue aprobada para poner un alto a al retardación de justicia.
“La nueva Ley prevé el plazo de 25 días hábiles para presentar los casos de retrasos de justicia, razón por la cual actuamos de oficio, con el objetivo de buscar la condena de la autoridad corrupta del departamento”, dijo la representante paceña.
Lamentó que a la fecha la Gobernación no haya podido esclarecer el asunto, habiendo la existencia de antecedentes por desvió de fondos del Seguro Universal Materno Infantil (SUMI).
Señaló que el daño económico que sufrió el municipio debe ser reparado, antes de que la gestión del Gobernador culmine ya que la suma haciende a Bs 21.000.000, monto que puede ser usado a favor de los habitantes del municipio.
Por otro lado, afirmó que el Ministerio Público desde hace tres años viene suspendiendo 20 veces el proceso, donde existió la recusación de varios jueces, entendiendo la dilatación del proceso, a fin de quedar en la impunidad, dejando de lado la trasparencia de la justicia.
NUEVA LEY
Hace algunas semanas de promulgó la Ley de Descongestionamiento y Efectivización del Sistema Procesal Penal que tiene la finalidad de agilizar los juicios, reducir la carga procesal y eliminar los mecanismos judiciales denominados popularmente como “chicanas”, para dilatar las causas. La norma elimina además la figura de los jueces ciudadanos en los tribunales de sentencia.
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