Los gremiales protestarán también contra supuestos abusos realizados por autoridades de Impuestos y el Municipio.
El dirigente de los trabajadores por Cuenta Propia de la ciudad de El Alto, Joasir Calamani, anunció que se tiene programada para hoy una marcha que contará con más de 2 mil trabajadores en protesta contra la Ley 323.
De acuerdo con el dirigente, el principal motivo de la movilización es que Impuestos Nacionales colaborado por la Intendencia Municipal estarían intentando sancionar “de todo” y exigir el pago de impuestos, como si los gremiales fueran grandes comerciantes.
“Esta marcha que realizaremos hoy también es en contra de las autoridades de ambas instituciones, porque en complicidad con sus funcionarios nos vienen hostigando y poniéndonos trampas en la extensión de facturas, siendo que son ellos mismos los que envían a sus propios trabajadores haciendo que no les interesa exigir facturas y de manera intencionada no pedir el mismo y minutos más tarde caernos por haber extendido las mismas”, manifestó el dirigente.
Agregó que la Ley 323 efectúa modificaciones al Código Tributario Boliviano permitiendo que el Servicio de Impuestos Nacionales clausure negocios por supuestos incumplimientos en la emisión de facturas, incluyendo a los comerciantes minoristas que, a pesar de estar en el régimen simplificado, a partir de la promulgación de la ley deben entregar facturas por cualquier venta.
Recordó también que la no emisión de facturas, por primera vez, tiene una sanción de Bs 300, la segunda vez es igual o superior a los 300 bolivianos y la tercera establece clausura temporal, de acuerdo al número de infracciones que se haya cometido. Cabe recalcar que dicha ley se encuentra aún en la Cámara Alta.
De acuerdo con las declaraciones del represenatnte, esta nueva norma afectaría entre 2 y 3 mil comerciantes minoristas de la ciudad de El Alto, además, los propios funcionarios dieron a conocer que en los últimos días 2 mil negocios habrían sido afectados en la urbe y 385 negocios clausurados de forma definitiva.
“No entendemos que todo ese número de nuestros afiliados queden en la calle y es por eso que hemos pedido que las autoridades se pronuncien y que todo nuestro sector sea partícipe de la Ley 323 y de esta forma todo lo que tiene que consensuarse primero podamos conocer todos los interesados como somos los más 3 mil comerciantes y de esta forma también seamos los que pongamos nuestras condiciones a favor”, dijo Calamani.
Asimismo, el representante del sector recordó que sus asociados están tanto en el régimen general como es el simplificado, debido a que existe una categorización donde al llegar a la quinta categoría directamente se llega al régimen general.
La preocupación del dirigente es que de forma posterior, este sistema pueda afectar a ambas partes porque la misma, a más de favorecer a los trabajadores de cuenta propia, crearía muchas más desventajas a los comerciantes, debido a que las clausuras, según la información del dirigente, no son menos de 50 o 60 días.
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