La neoinvasión trasandina

Bolivia, desde hace algún tiempo, se ha constituido en el mercado más atractivo para la república de Chile. Ocurre que este país, con quien tenemos un centenario diferendo como consecuencia de la invasión militar a territorio patrio en 1879, nos ha inundado con sus productos frutícolas y otros.

Ahí tenemos, como una prueba al respecto, la variedad de frutas chilenas que abundan en los centros de abasto de nuestras ciudades, de las ciudades intermedias y provincias. En consecuencia la neoinvasión trasandina avanza a pasos gigantescos con el objeto de sentar presencia económica en suelo boliviano.

Chile, en el pasado mediato, invadió pacíficamente nuestra región costera, sobre el Pacífico, hasta que logró despojarnos 400 kilómetros de Litoral y 120 mil kilómetros cuadrados de territorio, hecho que se quiso subsanar con el Tratado de 1904, suscrito bajo presión del victimario, que no dudó en imponer sus designios en este tema.

“Entre 1846 y 1847 súbditos y empresas chilenas se instalaron en los alrededores de Mejillones y explotaron guano clandestinamente. El bergantín boliviano Sucre los arrestó y expulsó”, se lee en “Historia de Bolivia”, de Carlos D. Mesa Gisbert, edición 1998, pág. 434.

Recordemos que el gobierno de Lima, a la cabeza del presidente Toledo, impuso un gravamen a varios productos frutícolas chilenos, sin afectar a los productos de origen local, a fin de atenuar, posiblemente, la invasión trasandina, en este aspecto. Tal decisión gubernamental provocó controversias entre ambos países. Chile calificó esa determinación como una “aplicación discriminatoria”.

Pero los bolivianos, gobernantes y gobernados, somos tolerantes, o pecamos por muy tolerantes, al permitir que el atacante con la invasión de sus productos frutícolas al país, se potencie económicamente a costa del bolsillo de nuestros compatriotas.

Somos tolerantes al permitir ese atentado que va en contra de la producción nacional. Somos tolerantes porque no tuvimos la capacidad suficiente para sugerir una medida que tienda frenar la actividad que despliega el país vecino dentro de nuestras fronteras. Una dirigida, particularmente, contra la desleal competencia del contrabando, que lastima los supremos intereses nacionales.

Para el colmo de males los gobernantes chilenos, del pasado y del presente, resabios de la oligarquía del Siglo XIX, han asumido una actitud distorsionadora y de mala fe en contra de la demanda marítima, que radica en La Haya, con argumentos que no condicen con la verdad histórica. Afirman, permanentemente, que el recurso legal boliviano no hace otra cosa que buscar la modificación del Tratado de 1904. Nada más falso, con esa bellaquería aquéllos pretenden confundir a la opinión pública mundial.

“Bolivia pretende desconocer de forma encubierta el Tratado de 1904 que fijó de manera definitiva, a perpetuidad la frontera de los dos países”, indicó Heraldo Muñoz, canciller de la república de Chile, cuando Bolivia entregó la respuesta a la objeción chilena, en La Haya (EL DIARIO, 8 de noviembre, de 2014).

En suma: delimitar el ingreso de productos frutícolas chilenos a territorio nacional es y será hacer Patria.