Ante la vulneración de los derechos humanos en los sucesos del 14 de septiembre de este año en el centro penitenciario de El Abra, el defensor del Pueblo, Rolando Villena, planteó la inmediata intervención de la Dirección Nacional del Régimen Penitenciario “a fin de realizar una reestructuración y reorganización institucional, ante la evidente ineficiencia y profunda crisis en la que se encuentra”.
El informe defensorial sostiene que en los sucesos en El Abra que dejaron el saldo de cuatro personas fallecidas y nueve heridas, se vulneraron derechos a la vida, la integridad, la protección y cuidado; la salud, el derecho a no sufrir violencia física y sicológica, torturas, tratos crueles, degradantes e inhumanos; los derechos de niñas, niños, adolescentes y mujeres; además del derecho al respeto a la dignidad humana y a las garantías constitucionales.
Asimismo, sostiene que la estructuración de ese grupo irregular y la impunidad de su actuación “fue posible por la presunta complicidad de las autoridades del penal, el jefe de Seguridad, el Gobernador del mismo, el Director Departamental de Régimen Penitenciario; así como la Juez de Ejecución Penal y la inacción de las autoridades del Régimen Penitenciario”.