Legislativo departamental analiza declarar emergencia

Luego del casos de violencia y negligencia evidenciada en uno de los albergues dependiente de la Gobernación paceña, la asambleísta Wilma Magne manifestó que se pidió al legislativo departamental se declare en emergencia a La Paz. Este hecho que derivó en la muerte de un bebé de ocho meses de vida pone en evidencia la inexistencia de leyes que regulen la seguridad, la capacitación y el perfil profesional y psicológico que requieren los funcionarios de las casas de acogida.

“Tenemos una ley que ha servido para acreditar los centros infantiles, sin embargo esta es muy superficial, se ha hecho la observación al respecto sin resultados. Si bien la ley ya fue aprobada, aún no cuenta con la reglamentación que trate los temas específicos y tampoco requisitos, atribuciones o perfiles profesionales y psicológicos de los funcionarios”, manifestó Magne en entrevista con EL DIARIO.

En el mes de abril del presente año, el legislativo paceño aprobó la “Ley Departamental de Regulación de Centros de Atención Integral”, dentro los que se encuentran todas las instituciones dedicadas a acoger a los sectores vulnerables de la población, ya sean mujeres, niños, adultos mayores y personas con discapacidad.

A pesar de un plazo de 120 días para la aprobación, hasta fecha el ejecutivo y el Servicio Departamental de gestión Social (Sedeges) La Paz no han presentado la reglamentación de la norma creando un vacío legal que hace que no pueda ser aplicada a cabalidad, siendo una de sus principales funciones el velar por la situación, el funcionamiento, la infraestructura y los derechos de los acogidos como los deberes de los residentes, dejando las puertas abiertas a situaciones de inseguridad, violencia e incremento de vulnerabilidad de estos sectores.

“La norma define que el ente regulador debe verificar y controlar todos los centros de acogida dependientes y no dependientes del Sedeges, sin embargo, dicho ente es el mismo Sedeges, constituyéndose en juez y parte, cerrando todas las puertas de control externo”, aclaró Magne.

La legisladora añadió que existe un incumplimiento de deberes y negligencia en lo ocurrido con el niño que presuntamente fue vejado en el Hogar Virgen de Fátima dependiente de la Gobernación paceña, ya que no se habría cumplido a cabalidad las inspecciones que la norma manda.

“Se piensa deslindar responsabilidades en los médicos, si bien no hubo atención y eso debe reprocharse, la vejación no debió haber ocurrido nunca y eso no depende del hospital, sino del hogar. Es impensable que un acto de violencia haya ocurrido donde se supone que él bebé estaba acogido para su resguardo”, manifestó la autoridad departamental.

EMERGENCIA

“El declarar emergencia en el departamento nos ayudará a priorizar y captar recursos que sean destinados a tomar acciones de seguridad y reforzar las instituciones que trabajan para la atención de sectores vulnerables y se ven colapsadas”, expresó Magne.

Por su parte, el presidente de la Asamblea Departamental, Nelson Guarachi, señaló que si el declarar emergencia departamental ayudará a la prevención de la violencia y contar con más recursos para trabajar en esta temática, debe tomarse esta medida de forma inmediata.

“Los casos de violencia son alarmantes, se ha perdido el sentido de convivir en familia y de respetar la vida de la pareja, los hijos o los padres. Debe pensarse en estrategias y políticas departamentales y nacionales para inculcar el buen trato desde las escuelas”, señaló Guarachi.