Seguridad social y desarrollo social integral

Los procesos de cambio constituyen hechos históricos en la vida de los países y representan la transición dialéctica hacia un nuevo tipo de sociedad que necesariamente implica la conformación de renovados esquemas políticos, sociales, económicos y culturales.

Los cambios económicos y sociales se imponen frente al deterioro de las condiciones de vida de las grandes masas de la población trabajadora económicamente activa y constituye uno de los síntomas de la crisis de las estructuras normativa y social.

Estos cambios exigen procesos de largo plazo, que producen tensiones, rupturas y mutaciones de diversa naturaleza. Las medidas adoptadas en los procesos tienen efectos, invariablemente, en las estructuras políticas consideradas el soporte ideológico y jurídico del orden que se pretende modificar, pero se puede asumir -como sostiene Pierre Laroque- que, a veces, los cambios se pueden realizan sin modificación de las estructuras políticas.

La sociedad actual está en proceso de cambio como fenómeno universal; en la mayoría de los países este proceso está provocado por las insatisfacciones humanas y la necesidad generalizada de justicia social; en algunas circunstancias se impone inconscientemente por las tendencias del progreso social, el desarrollo económico, la evolución científica y los avances de la tecnología. Sin embargo, los cambios siempre implican una modificación sustancial en las relaciones entre habitantes y suponen también un enfoque renovado de las bases orgánicas de la sociedad, así como una nueva concepción del papel del Estado en el orden social.

En los países en vías de desarrollo en los últimos años se presentan los cambios en forma acentuada, especialmente en las áreas de la educación, la salud y la Seguridad Social. Evidentemente, en estos países los cambios están determinados directamente por la dinámica política y los movimientos de liberación nacional, sin embargo de cualquier manera es necesario distinguir los diversos y complejos factores que condicionan este proceso, fundamentalmente los de carácter social y económico.

Debemos admitir que esta “revolución” surge en gran medida de la conciencia, cada día más vigorosa, acerca de la injusticia de ciertas estructuras preexistentes que afectan las condiciones de vida de vastos grupos sociales e incide negativamente en la elevación de los niveles socioeconómicos.

Dentro de este proceso, las desigualdades económicas y sociales que aún prevalecen, en detrimento de sectores numerosos de la población, son poco toleradas en nombre del principio moral, la dignidad del hombre y la justicia social. En el ámbito político esta tarea es una preocupación común en todos los países que pugnan por elevar sus niveles de vida.

Tanto las metas de crecimiento económico como el progreso social, se traducen en la noción sociológica de los niveles de vida, que no se reduce a una expresión meramente económica y menos medida por el ingreso “per cápita”, sino que resume las condiciones económicas, sociales, sanitarias, educacionales, culturales, etc., etc. En este sentido, la Seguridad social, entendida en su más amplio sentido, juega un papel decisivo, pues cuanto más equitativa sea la distribución que se produce a través de las prestaciones y los servicios sociales, otorgadas por el sistema de Seguridad social, todas las capas de la población podrán recibir sus beneficios como un derecho y no como una “caridad” y de esta manera aproximarse a un nivel de vida con dignidad.

En este sentido, una tarea fundamental que deben afrontar los países en desarrollo es revisar, en forma radical, la estructura de sus sistemas de Seguridad social, para adaptarlos a los objetivos de una Política social integral, que conjuga una serie de políticas tendentes a proporcionar por diversos medios, las máximas garantías económicas y sociales a los trabajadores y sus familiares, comenzando por una política de salud, empleo y educación, como los pilares mismos de la Seguridad social.

Esta exigencia plantea la necesidad de encarar la planificación sectorial de la Seguridad social como parte de la planificación socioeconómica, lo que constituye un pre –requisito y un factor fundamental del desarrollo mismo, sin el cual es difícil concebir el bienestar y progreso sociales, porque las actividades de protección a la colectividad constituyen actualmente parte fundamental de las funciones del Estado moderno. En suma constituye una condición “sine qua non” del desarrollo.

De acuerdo con Michel “La planificación de la Seguridad social aparece como una función para basar la política social sobre datos objetivos con el conocimiento preciso de las características de los regímenes de Seguridad social existentes, la previsión de la evolución a mediano plazo de las prestaciones cubiertas y de las consecuencias que implica, la evaluación del grado de eficacia de la cobertura de las necesidades sociales, y la observación permanente de sus resultados para adoptar en su caso medidas nuevas”.

De esta manera será posible formular una política realista de la Seguridad social evitando errores de la improvisación.

Es innegable que la Seguridad social, al contribuir a la elevación de los niveles de vida de la población, que constituye la esencia de su propia justificación ética y social, favorece el desarrollo de una política de crecimiento económico y juega un papel decisivo como factor de cambio social, porque existe una estrecha relación entre el cambio económico y el cambio social.