Bolivia en la comisión de Derechos Humanos de la ONU

Este hecho obliga al Gobierno de Bolivia a respetar y hacer respetar los derechos humanos en el país y el mundo. La Declaración Universal de los Derechos Humanos señala que “la dignidad de la persona es inviolable” y que “toda persona debe vivir libre de temor y de miseria”. Esto quiere decir que en el mundo de hoy se ha impuesto la civilización sobre la barbarie, que el poder político respeta la institucionalidad democrática o independencia de los poderes del Estado y que ningún gobernante pueda hacer persecución política para perpetuarse en el poder. Esa misma declaración expresa que “el presidente electo que abusa del poder es un tirano” y reconoce el derecho del pueblo a la rebelión contra la tiranía.

Es preciso decir que en el Beni se hace abuso del poder. La represión violenta a los indígenas benianos en Chaparina mostró al mundo las condiciones en que se encuentran los derechos humanos en Bolivia. Se acusa al gobernador electo del Beni, doctor Carmelo Lenz Fredericksen, de “incumplimiento de deber”, y es preciso decir que el gobernador beniano jamás incumplió un deber legal. El diputado de la Asamblea Legislativa Plurinacional que lo convocó carecía de titularidad o competencia para convocarlo.

Cabe recordar que el mandatario masista incumplió el deber de declarar al departamento del Beni zona de desastre, al ser destruido totalmente por el flagelo de la inundación. La Asamblea Legislativa Departamental del Beni puso fin al mandato del gobernador electo del Beni, ingeniero Ernesto Suárez Sattory, aplicando los artículos 144 y 145 de la Ley Marco de Autonomía Departamental, que fueron declarados inconstitucionales. Ahora, un juez sin previo proceso judicial ha puesto fin al mandato del alcalde de la ciudad de Trinidad, Gral. Moisés Shriqui Vejarano, todo esto significa violación al derecho a la justicia y a la soberanía del pueblo beniano.

En los países civilizados los gobiernos cumplen el principio universal de derecho que sostiene que “toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia, mientras no se pruebe su culpabilidad en un debido proceso”. En la actual campaña política con miras a las elecciones de gobernadores y alcaldes, que se realizarán en marzo de 2015, el Gobierno de Bolivia debería demostrar que respeta los derechos humanos y que no hace persecución política en democracia, que el Gobierno hace juego limpio y exalta la autodeterminación del pueblo.

El pueblo beniano conquistó en referendo la Autonomía Departamental y lucha por la vigencia plena de la Autonomía, que es un nuevo sistema de administración del Estado, mediante el cual la administración central transfiere a la Administración departamental todas las competencias y recursos económicos que se requiere para el desarrollo humano, económico y social.

Según un informe de Naciones Unidas, Bolivia forma parte del grupo de los 18 países más pobres del mundo, y la Autonomía Departamental pone al país en la ruta segura del desarrollo. Es indudable que el jefe del Estado Plurinacional concentra todo el poder, y reina el centralismo con mayor profundidad que en los gobiernos neoliberales. El llamado “terrorismo separatista” fue una historia inventada para “aplastar” a la oposición con terrorismo de estado. Eduardo Rózsa pudo ser aprehendido vivo, y la pregunta es ¿por qué lo mataron? Terrorismo separatista hizo el IRA para que Irlanda del Norte se separe del Reino Unido. En Bolivia, la población de ningún departamento quiere traicionar a la patria. Separatismo es hacer un Estado Plurinacional compuesto por 37 naciones.

El pueblo beniano votó por la libertad, la democracia, la vigencia plena de los derechos humanos y la soberanía del pueblo beniano se respeta. El pueblo beniano está en la oposición por autodeterminación, y por este hecho, el Gobierno no puede tomar represalias utilizando a la justicia para hacer persecución política. La Gobernación del Departamento Autónomo del Beni se la gana con el voto ciudadano en las urnas. El Estatuto Autonómico del Beni no admite gobernador de facto, rechaza la toma por asalto de la gobernación, seguirá luchando por la democracia y la vigencia plena de los derechos humanos.