Defensoría rechaza despidos injustificados

(RadioFides).- La Defensoría del Pueblo expresó su preocupación por las medidas asumidas en algunas alcaldías y gobernaciones del país en las que se estaría procediendo a rescindir contratos con servidores y servidoras de contrato, ante el cambio de autoridades producido en el ámbito del proceso electoral próximo.

La Defensoría habría identificado que estos casos se están registrando en varios municipios y generan la preocupación y alarma de las personas afectadas que, por razones externas a su eficiencia o capacidad, se ven privados de su derecho al trabajo y a su estabilidad económica debido a la decisión de algunos servidores en situación de eventual autoridad, que proceden a despedir al personal que presumiblemente no comparte sus opiniones políticas o no es de su entorno cercano, se informó en un comunicado.

Estas determinaciones estarían afectando  el desarrollo normal de las actividades de los municipios y alterando la provisión eficiente y oportuna de servicios a la ciudadanía, según la Defensoría. “Especialmente grave puede ser la situación de abandono de algunas oficinas responsables de la provisión de servicios urgentes como las Defensorías de la Niñez y Adolescencia, atención de emergencias y riesgos o gestión de trámites y procesos, entre otras”, asegura el defensor Rolando Villena.

Apeló a la responsabilidad y el deber de las personas que están asumiendo cargos temporales de autoridades, para que se abstengan de recurrir a los despidos injustificados por motivos políticos, ya que estas acciones vulneran principios inscritos en instrumentos internacionales de derechos laborales, así como nuestra propia Constitución Política del Estado que  establece que “Toda persona tiene derecho a una fuente laboral estable, en condiciones equitativas y satisfactorias” y que “Las normas laborales se interpretarán y aplicarán bajo los principios de protección de las trabajadoras y de los trabajadores como principal fuerza productiva de la sociedad; de primacía de la relación laboral; de continuidad y estabilidad laboral; de no discriminación y de inversión de la prueba a favor de la trabajadora y del trabajador”.

Asimismo, mencionó su preocupación porque las principales víctimas de estas decisiones resultan siendo las consultoras y consultores de línea, que, según señala un informe defensorial presentado en agosto del pasado año, son vulnerados en sus derechos fundamentales al negárseles cualquier prerrogativa de demanda de estabilidad y estar sujetos a las decisiones arbitrarias y a veces injustificadas de sus eventuales contratantes.