Deshojando la cebolla

La defensa en el Juicio del Siglo empezó esta semana a responder a la acusación contra 39 personas a las que se atribuye el propósito de sembrar el terror, desmembrar Bolivia y desarticular la división geopolítica del continente sudamericano. El fiscal que elaboró la acusación está refugiado en Brasil desde marzo y se dice perseguido por el gobierno que hizo que preparase, asegura, una tesis acorde con los intereses políticos de las autoridades. No hay signos que indiquen un desenlace próximo del mayor juicio penal de la historia boliviana surgido de un episodio sangriento hace cerca de seis años en Santa Cruz.

El año comenzó bajo la impaciencia de los acusados con la prolongación del proceso, cuya duración marca un récord. Al reanudarse las sesiones tras los feriados de fin de año, el acusado Juan Carlos Guedes, el ex dirigente de la Unión Juvenil Cruceñista que reconoce haber engañado al comandante de la supuesta gesta, Eduardo Rózsa Flores, vendiéndole una pistola ametralladora mugrienta y sin cacerinas con la que iría a dirigir la insurrección separatista, reclamó al juez Sixto Fernández por su dilatada prisión. “Pronto voy a cumplir seis años en la cárcel… ¿hasta cuándo?”, reclamó airado. Guedes ya ha escrito un libro sobre su prisión y dice que tiene pronta una narración adicional. Acusado de ser traficante de armas, subrayó que su domicilio nunca fue inspeccionado para verificar la acusación de que iba a ser el proveedor de pertrechos para miles de hombres.

A los frecuentes altibajos y suspensos del proceso que llegó a Santa Cruz hace dos años tras peregrinar por La Paz, Cochabamba, Yacuiba y Tarija, se agregó esta semana una frase del presidente Evo Morales en la ceremonia de inauguración del Año Fiscal organizada por el Fiscal General de la Nación, Ramiro Guerrero. “Si castigas a los separatistas (acusados en el Juicio del Siglo), puedes ser el nuevo presidente” de Bolivia, le dijo al fiscal, citado por el diario El Deber. En la misma jornada, el mandatario sugirió un referéndum para reformar la Carta Constitucional. La frase acentuó la perplejidad entre quienes asisten al juicio cuando el mandatario se mostró partidario de suprimir el debido proceso. ¿Puede eliminarse un principio, un concepto fundamental en democracia? “Es un principio tan válido para los derechos humanos como lo es el que la tierra gira alrededor del sol o que el mundo es redondo”, dijo un abogado defensor. El principio es parte de la CPE.

Otros hechos anecdóticos han causado una huella temprana en las audiencias de este año. El 11 de septiembre, el general Gary Prado Salmón había planteado la suspensión de la detención domiciliaria que le impuso una juez en mayo de 2010. El general acusado subrayó esta semana que la juez que entonces le tomó la declaración tenía lista la decisión de siete páginas tamaño oficio y renglón seguido preparada antes de escucharlo.

En su más reciente petición, Prado Salmón pidió que se le permita defenderse bajo entera libertad. Entre las razones para imponerle la detención actual estaba el recelo de la juez de entonces por evitar que se comunicase con otros acusados y con los medios informativos, debido al relieve del general, cuya compañía de Rangers rindió a Ernesto “Ché” Guevara en los parajes de Ñacahuazú en 1967. El militar hizo notar esta semana que la prohibición de contacto fue superada con las audiencias, en las que todos los acusados presentes conversan, hablan con los periodistas y suelen compartir café. No debía, especialmente, conversar con el general Lucio Añez Ribera, también retirado y ahora apartado del juicio por problemas que le dificultan la memoria. Con ese factor también superado, ya no existirían razones para mantener las restricciones a su liberad, planteó la defensa. El juez flexibilizó el horario de las restricciones incorporando sábados y domingos, pero negó extender formalmente la hora de retorno a su domicilio con el fin de facilitar el desplazamiento del general desde las universidades en las que dicta clases.

En una de las últimas sesiones, el juez Sexto Fernández hizo preguntas al coronel de policía Adalberto Torres Céspedes, uno los 39 acusados. El juez hizo una pregunta que uno de los fiscales objetó, en una situación inusual. No es común que un fiscal objete al juez que, en este caso, retiró la pregunta. El hecho sembró inquietud entre los acusados sobre quién efectivamente ordenaba la sesión.

Elod Toaso, uno de los dos sobrevivientes del asalto al Hotel Las Américas, reclamó que cuando él declaraba meses atrás, se había presentado una situación similar. Sus abogados quisieron objetar una pregunta del juez, pero éste dijo que las preguntas del juez no eran objetables. Su abogada Erika Oroza tocó uno de los nervios más sensibles al afirmar que el proceso tenía un error básico insalvable: sus orígenes habían sido una denuncia fechada el 14 de abril de 2009, antes de que ocurriese una explosión sobre el portón de la residencia del cardenal Julio Terrazas y antes del asalto al Hotel Las Américas.

Las preguntas respecto a flaquezas de la acusación empezaron a ser expuestas por Gianni Prado, el abogado de Mario Tadic, al iniciarse la etapa de alegatos. Uno de los primeros puntos fueron las afirmaciones de un periodista español que, después, resultaron endebles pero que la acusación las utilizó como fuente básica. “Si hubiera habido probidad en la administración de la justicia, se habría visto que el caso fue armado”, dijo el abogado.

Las réplicas a la acusación deberán continuar, al reiniciarse las sesiones este 19 de enero.

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