Círculo vicioso en salvataje de Huanuni

Cuando en el año 2007 estalló un conflicto entre cooperativas y asalariados por la posesión de la mina Huanuni, el Gobierno no tuvo reparo en convertir en mineros a un buen sector de cooperativistas entonces en disputa con los primeros. Tampoco reparó en retribuirlos con salarios y “contratos” de explotación al mismo tiempo, creando para la empresa estatal obligaciones mensuales de Bs. 35.000.- a Bs. 50.000.- per cápita. La planilla de personal ya abultada se elevó a 5.000 efectivos. Se calcula que Huanuni operaría rentablemente con 1.000 a 1.500 trabajadores cuando mucho. En dichas condiciones, el costo de producción alcanzó niveles casi insostenibles. Semejante inflación de trabajadores no debe tener antecedentes a nivel empresarial por lo desmesurado e irracional, ni tampoco el nivel salarial. Sólo en los años 2007 y 2008 en total el personal bordeó el 100% de incremento de haberes, aparte de otras dádivas.

Como en distintos emprendimientos estatales, la finalidad nada tiene que ver con la economía, sino con la política. El Gobierno mantenía así como su aliado al sector cooperativista, con todos los beneficios políticos imaginables. La situación económica no trascendió bastante mientras los precios del mercado internacional fueron favorables, pero cuando la libra fibra del mineral cayó alrededor de $us 6.50, el dramatismo se hizo y se hace inocultable.

Como la historia es cíclica y tiende a repetirse, este caso no es la excepción. La política minera del “cambio” es la misma que imprimió el MNR (1952-1964) en la minería nacionalizada, cuando llenó las minas con “supernumerarios” a cambio de su apoyo político. Entonces se dijo que si el país vivía de las minas (por supuesto aparte de las ricas ganancias de los barones del estaño), al pueblo le tocaba el turno de mantenerlas, medidas que arrastraron a una de las inflaciones más agudas de la historia. El enorme peso subsistió hasta los años 80, y el mismo régimen que había inventado los supernumerarios tuvo que echarlos, convirtiéndolos en cocaleros del Chapare y en cinturones de pobreza en las ciudades.

Según expertos, este año las pérdidas de Huanuni serán de 37 millones de dólares. El Gobierno cree compensarlas con un nuevo ingenio que elevaría la producción de 1.800 a 3.000 toneladas, pero a riesgo de agotar en poco tiempo las vetas de alta ley. Entre las medidas en estudio está la reducción de salarios en un 10% y/o jubilación de unos 500 trabajadores mayores de 65 años. Esto supondría no sólo erogaciones del Fisco sino el traslado de la cuenta al rubro de jubilaciones, con fuerte incidencia dada la cuantía de los salarios. Según el dirigente J.C. Guarachi de la COD Oruro, el Estado debe alistar no sólo el ítem de jubilaciones, sino de beneficios sociales o sea una doble percepción millonaria, peor de ninguna manera rara o extraña en el país, que alguien añadiría, “de las maravillas”.

Por su parte, los cooperativistas exigen la subvención a los precios de los minerales, es decir que el Fisco absorba la diferencia entre el mercado y los costos de operación, calculados éstos siempre con nuevos réditos a favor. Exigencias a las que más pronto que tarde el Gobierno -atado por compromisos políticos- tendrá que decir amén. El costo real de tan complicada situación se cargará, sin otra, en términos de inflación monetaria y en síntesis a las espaldas del pueblo.