Fiscal General debe informar sobre denuncias contra familiares

Según la solicitud de informe presentada por la senadora Carmen Eva Gonzales, el fiscal general, Ramiro Guerrero, debe rendir un nuevo informe ante la Comisión de Justicia Plural de esta instancia legislativa, sobre supuestas irregularidades en los procesos instaurados contra sus familiares en los cuales fueron beneficiados por la actuación de fiscales también observados.

Sin embargo, llama la atención que Guerrero buscó brindar dicho informe mientras la legisladora se halla de viaje en su región y en medio de la polémica de la fuga del súbdito peruano Martín Belaunde.

Entre las 28 preguntas plateadas por Gonzales, está la aclaración que se pide sobre el porqué Sergio Céspedes, cabeza de la investigación en el caso Terrorismo, sigue fungiendo como representante del Ministerio Público, existiendo una destitución definitiva desde el 15 mayo de 2012 por faltas graves a denuncia de Oswaldo Oteman.

El cuestionario, también contempla preguntas sobre supuestas irregularidades en los procesos en contra de tres familiares del Fiscal General.

Por un lado, está la denuncia de la Defensoría del Pueblo de Cobija que advirtió de una supuesta intención de dejar en la impunidad una serie de denuncias de violencia sexual contra niñas y adolescentes cometidas por el director de una unidad educativa de Cobija, Óscar Guerrero, hermano del fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero.

El segundo familiar de Guerreo acusado de hechos delictivos fue el sobrino Libert Inti Guerrero, y otras dos personas, imputados por el delito de extorsión en la ciudad de La Paz.

Según la imputación, el Centro Especial de Investigación Policial (CEIP) organizó un operativo y capturó a los tres “en flagrancia” después de recibir 9.400 bolivianos de Condori.

La pasada semana, la exfiscal de distrito, Patricia Santos, denunció que desde la Fiscalía General se gestaron las negociaciones para someter a proceso abreviado a diferentes implicados dentro del caso bebé Alexander.

Según Santos, el Fiscal General la presionó a renunciar luego de denunciar las atribuciones que se tomaron Edwin Blanco y el enviado especial de Sucre, Gastón Corrales Dorado, en la dirección funcional de la investigación del caso Alexander.