Al margen de consideraciones subjetivas (muy frecuentes, por lo demás), el Tribunal Supremo Electoral, parte sustancial del Órgano Electoral Plurinacional, ha terminado por colapsar de forma estrepitosa al producirse la renuncia de su Presidenta y dos de sus principales vocales, comenzando, de esa forma, una nueva etapa del funcionamiento de ese organismo estatal.
La renuncia inicial de esos altos funcionarios fue, sin lugar a debate, producto de la presión de la opinión pública, así como de diversas organizaciones no oficiales y oficiales que denunciaron una serie de irregularidades en las que su personal incurrió durante los dos últimos años en el desempeño de sus actividades, pero en particular durante las elecciones de octubre del año pasado y marzo del presente. Asimismo, se denunció actitudes incongruentes, como que uno de sus funcionarios fue descubierto participando con miembros del partido político MAS, en un festejo personal, hecho que demostró que sus labores carecían de las condiciones de independencia e idoneidad para formar parte de ese Tribunal.
La renuncia de la Presidenta y de esos dos vocales, además de otros tres posteriormente, quedando uno solo, fue, por tanto, resultado de la presión del mundo político nacional por haber incurrido en actos contrarios a la democracia, en particular en lo que se refiere a las elecciones realizadas en Beni y Chuquisaca, así como un rosario de otras acusaciones, entre ellas haber perdido la independencia en relación con el Órgano Ejecutivo y actuar inclusive contra disposiciones constitucionales. No hay, pues, lugar a encontrar otras causas para la aparatosa caída de la alta jerarquía burocrática del Tribunal Supremo Electoral.
Sin embargo, de forma curiosa, la expresidenta ha declarado que su renuncia se debió al “acoso político de sus colegas” y que “al interior del TSE existía contra ella un ambiente agresivo, que no le permitía hacer gestión”, denuncias que debieron haber sido planteadas en su oportunidad y no en forma tardía, que en gran medida permiten concluir que se trataría de auto acusaciones, vale decir a confesión de parte, relevo de prueba.
La renuncia de dichas autoridades, en fin, tuvo causales específicas por carencia de idoneidad en su gestión y en particular por dictar medidas antidemocráticas e inconstitucionales, lo cual confirma que su actuación fue irregular y que las decisiones sobre las elecciones de Beni, Chuquisaca y otras deberían ser anuladas y en esos distritos volver a fojas cero. Vale decir que en el Departamento beniano debe realizarse una auténtica segunda vuelta y en Chuquisaca que se cumplan los principios éticos y legales para retornar a la legalidad y la legitimidad.
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