Obras de bien común que deberían rendir cuentas

El caso del Fondo Indígena, investigado y denunciado por la Contraloría General, que tantas angustias, preocupaciones y decepciones causó al pueblo y al régimen gubernamental, ha resultado ser una especie de acicate o desafío para que el gobierno del presidente Morales exija a entidades, gobernaciones, municipios, sindicatos, organizaciones sociales de todo tipo, clubs deportivos y entidades que hayan recibido dineros, rindan cuentas de lo recibido y gastado. Muchas veces, desde el año 2006, el gobierno ha sostenido que “el pueblo se beneficie directamente con la realización de obras de interés general”.

Las experiencias sufridas por hechos de corrupción protagonizados por muchos que han contado con la confianza gubernamental o partidaria o solamente del Primer Mandatario, tienen larga data. Uno de esos casos, producido hace muchos años, es el referido al cumplimiento de la Ley de Participación Popular que, por el lado que se vea, fue gran medida que pudo tener resultados muy positivos, pero que descuidos, falta de acatamiento de las leyes y ausencia de controles han determinado que la medida no sea efectiva por la falta de honestidad y responsabilidad. La Participación Popular era la esperanza de muchos pueblos porque permitía la descentralización presupuestaria a objeto de que sean los pueblos, mediante sus autoridades prefecturales y municipales, las que proyecten y ejecuten obras con dineros del Tesoro General de la Nación, desconcentrando, de esta manera, recursos. Ello ha permitido que muchos pueblos reciban cuantiosas cantidades de dinero superando a pequeños montos que no alcanzaban mayormente para cubrir gastos esenciales de prefecturas y municipios.

Ese gran proyecto ha fracasado por falta de control financiero y técnico, por carencia de informes de los responsables -salvo casos muy excepcionales- y, sobre todo, por actos de corrupción en que han incurrido muchos funcionarios; por supuesto, la Controlaría no siempre cumplió con su función de fiscalización conforme a las leyes. Desde el año 2006 se creyó que errores semejantes no volverían a producirse y que “todo dinero entregado sería con cargo a estricta rendición de cuentas con la respectiva documentación”. Lamentablemente, no ha ocurrido ello y todo quedó a la deriva y voluntad de los recipendiarios y sujeto a la decisión de quienes tenían la obligación de un manejo honesto y escrupuloso.

La mala administración de dinero, las pésimas inversiones, la falta de controles y, sobre todo, la carencia de honestidad de los responsables dio lugar a que no exista transparencia ni responsabilidad por manejos autoritarios tanto del dinero como de la confianza depositada en ellos. Todo el conjunto de hechos que podrían descubrirse con investigaciones y controles muy serios, muestra la necesidad de que el Gobierno, por su propia responsabilidad y seriedad, informe sobre los préstamos que fueron tramitados por anteriores gobiernos al MAS; de préstamos tramitados y concretados por el actual Gobierno; condonaciones efectuadas por organismos multilaterales y por países amigos y, finalmente, montos que han sido donados al Estado; informes que deben contener datos precisos sobre condiciones y otros que haya habido para concretarse la entrega. Hay que convenir en que seguramente, al firmarse la recepción del dinero, hubo compromisos muy serios para su manejo y, además, proyectos para su inversión en el desarrollo. Por supuesto, cláusulas que obliguen a un manejo transparente.

Todo lo mencionado es preciso que se conozca, puesto que las muchas experiencias sufridas no deberían repetirse y no dejar que todo esté sujeto al arbitrio de alcaldes, concejos municipales o gobernadores, dejando que “la comunidad controle” y no lo haga. Todo muestra, pues, que el Gobierno debe exigir a quienes entregó dineros de préstamos, donativos o partidas del TGN para obras de bien común, que rindan cuentas pormenorizadas, que se demuestre la planificación, los proyectos, tiempo de realización, etc. Creer en la buena fe y la honestidad, está bien; pero, en todo caso, cuando se trata de dineros del Estado o ajenos confiados a la simple palabra, deben tener pruebas, documentación precisa, información sobre avance de obras, etc.

El Gobierno, por su propia seriedad y responsabilidad está obligado a exigir cuentas a los responsables de la recepción de dineros. Las experiencias sufridas con la Participación Popular, con el Fondo Indígena y otros sujetos a posibles investigaciones, deben clarificarse debidamente, exigir a los responsables los resarcimientos necesarios y, además, aplicar las leyes para evitar que la inmunidad que creyeron tener muchas personas se convierta en impunidad sentando gravísimos precedentes.