Nuestro país, hasta hace por lo menos veinte años, era una especie de remanso de tranquilidad, donde los abusos de toda laya eran casi muy contados. En los últimos años, han menudeado las violaciones y los crímenes, los asaltos a la propiedad privada, los maltratos a las mujeres y abusos de toda índole sin que sea posible contenerlos. Las autoridades anuncian medidas para evitar la proliferación de hechos contra los derechos humanos, pero todo muestra que su capacidad para contenerlos es mínima.
Anuncios sobre reorganización y reestructuración total de los cuadros policiales han menudeado y sólo ante hechos muy graves se reitera que se adoptará medidas muy severas; pero la realidad siempre es contundente porque no se hace lo necesario y la impunidad para los delincuentes es mayor. Algunos policías, desde bajas graduaciones hasta las más altas, estarían seriamente comprometidos en hechos delictuosos, como partes sustantivas de cárteles del crimen y no faltan los que estarían comprometidos con las grandes organizaciones del narcotráfico.
Los cuadros policiales requieren con mucha urgencia ser cambiados en su totalidad y reestructurar la entidad sobre bases morales muy sólidas mediante la formación de nuevos cuadros y una tropa policial o agentes que efectivamente respondan a las urgencias de la colectividad. Mientras no se tome en serio la necesidad de una institución honesta, eficaz, eficiente y responsable, jamás se podrá contar con organismos que sean salvaguarda de la sociedad.
En cada gobierno, ante la presencia de violadores de niños y mujeres, ante los casos de abusos a mujeres por parte de hombres cobardes y sin principios, se ha asegurado la adopción de medidas punitivas que sienten precedentes; pero nada se hace y todo queda en las malas políticas del “dejar hacer y dejar pasar” que tanto daño hizo al país en todos los gobiernos.
El Poder Judicial sigue tan malo, irresponsable y negativo como siempre y pese a las muchas promesas para reestructurarlo, nada se hace; se dijo, muchas veces, que nuevos fiscales y jueces serán designados mediante el voto, medida que ha demostrado ser ineficaz porque es imposible establecer, para los votantes, cuáles de los candidatos, cuentan con los méritos, la honestidad, la capacidad y la idoneidad necesarias para cumplir funciones tan delicadas. Los jueces y fiscales tienen que ser designados al margen de los intereses político-partidistas; tienen que ser total y absolutamente independientes, contar con la idoneidad profesional más alta y poseer vocación de servicio y amor a la justicia.
Se debe convocar a concurso de méritos y condiciones muy estrictas y con la garantía de las universidades, de los colegios de abogados y, si es posible, ser de conocimiento de la sociedad; finalmente, no deben ser propiciados por ninguno de los poderes del Estado que, bien se sabe, están integrados por políticos que, salvo excepciones muy grandes, sirven a intereses y conveniencias partidarias que normalmente están alejadas de los requerimientos de la sociedad.
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