Reformas generan reacciones adversas contra Fiscal General

Antecedentes penales por los delitos de asociación delictuosa y terrorismo presuntamente cometidos por el fiscal general, Ramiro Guerrero, en 1993 y la seguidilla de denuncias por supuestos favorecimientos a familiares de esta autoridad, dados a conocer durante la reciente interpelación de Guerrero en el Senado, opacan las medidas institucionales que esta autoridad propone para convertir al Ministerio Público en una instancia “corporativa”.

Las reiteradas “advertencias a los fiscales que no han comprendido” su forma de trabajo, ataques frontales a la figura de los fiscales “institucionalizados”, contra los cuales ya ha planteado un proyecto de ley para desafectados del Ministerio Público, además de las destituciones y rotaciones repentinas de los fiscales, son los elementos que han caracterizado el manejo que el Fiscal General ha ido efectuando en esta institución.

COCARICO

Dichas medidas han sido tomadas con más recurrencia, de forma coincidente, desde el mes de noviembre del año pasado, cuando el país entero quedó conmovido por la muerte del bebé de ochos meses Óscar Alexander, menor que estaba interno en un centro de acogida dependiente de la Gobernación de La Paz, hecho que le costó la reelección al saliente gobernador César Cocarico.

De forma extraoficial se conoce que en las próximas semanas, Cocarico será llamado a declarar para que explique el nombramiento de autoridades sin la formación adecuada y una supuesta relación sentimental con una de las directoras.

IDIF

El fallecimiento del menor fue causado luego de una supuesta agresión sexual, según el reporte de la perito Ángela Mora, del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), por lo cual el Ministerio Público se vio presionado y Guerrero asumió medidas “correctivas” en contra de la primera comisión de fiscales a la cual destituyó.

Según las versiones de varios fiscales que especulan con el nombre de Edwin Blanco, como el próximo Fiscal de Distrito, estos mencionan que las medidas “autoritarias que se están aplicando desde Sucre” en una suerte de “control remoto” han causado ya gran recelo sobre las vedaderas intenciones que Guerrero tiene.

Las diferentes fuentes, que prefieren el anonimato, coinciden en señalar como el mejor ejemplo del carácter “explosivo” del Fiscal General, el 28 de noviembre y 28 marzo. En la primera fecha, Guerrero posesiona a Patricia Santos como Departamental, y en el acto “somete” al saliente Ángel Ponce a la “humillante” escena de escuchar su discurso en el cual destiló una serie de falencias y calificativos desprestigiando la gestión de Ponce.

La actitud y el tono en el discurso de Guerrero se repitió cuatro meses después, el 28 febrero. El turno era de Santos, al calor de la primera semana de “intervención” a la Fiscalía de Distrito, en medio de serias denuncias de manipulación en la investigación en el caso Alexander por parte del fiscal Edwin Blanco, tema otra vez en vigencia a raíz de la detención del periodista de EL DIARIO, Carlos Quisbert, quien es aprehendido por orden de Blanco, mientras este trataba de verificar las versiones de estas denuncias con una de la implicadas e internas en un recinto del municipio de Viacha que, a pesar de todo, en abril fue sentenciada gracias a un polémico proceso abreviado.

Sin embargo, en el caso de Santos, la exautoridad salió al frente revelando que Guerrero presionó para su renuncia luego de que este le quitara toda autoridad mediante el enviado de Sucre, Gastón Corrales Dorado.

Los hechos, de conocimiento del Fiscal General, han generado el rechazo al supuesto manejo discrecional que Guerrero efectúa con los puestos de fiscales institucionalizados y los de contrato más reciente, según las fuentes que señalan que estas reacciones ya causan “temor”.

ANTECEDENTES

Los antecedentes penales de Guerrero volvieron a ser mencionados el pasado jueves, cuando la senadora Carmen Eva Gonzales exhibió el prontuario de la máxima autoridad del Ministerio Público y señaló que este lo inhabilitaba, “por moral” a ocupar el cargo.

Según la nota de la agencia de noticias Erbol, Gonzales descalificó la “campaña de moralización” que Guerrero ha anunciado en diferentes ocasiones, por los antecedentes “de un presunto atentado dinamitero del 16 de mayo de 1992, en señal de rechazo a la visita de la Reina Sofía de España en conmemoración a los 500 años de la conquista española”.

Guerrero en su derecho a la duplica no respondió a esta alusión que no estuvo incluida en las 28 preguntas del informe oral.

En la que se menciona la destitución del fiscal Sergio Céspedes, desde 2012 por un proceso disciplinario. Céspedes lleva adelante los procesos denominados Terrorimo I y II, además del caso extorsión.

En n respuesta, Guerrero difundió un correo electrónico atribuido a la opositora quien, según ese email, tendría intenciones de desprestigiarlo como máxima autoridad del Ministerio Público.

La interpelación al Fiscal General en el Senado, el paso 28 de mayo, pasó a un plano secundario debido a la aprehensión del peruano Martin Belaunde Lossio.

Gonzales también cuestionó al Fiscal General sobre el supuestos favorecimientos en las investigaciones que existen en contra de varios de sus familiares, lo cual fue negado por Guerrero.