Bolivia y Brasil trabajan en control de drogas y trata de personas

El ministro de Justicia del Brasil, José Eduardo Cardozo, y su homólogo boliviano, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, anunciaron ayer, luego de una reunión en La Paz, la actualización y renovación del trabajo conjunto para prevenir el narcotráfico, migración ilegal y trata de personas.

El ministro Romero señaló que Brasil y Bolivia van desarrollando reuniones bilaterales en cuanto a la lucha contra organizaciones criminales y delitos trasnacionales, efectuando la asistencia y el intercambio de experiencias investigativas, intercambio de información y colaboración entre las fuerzas policiales de ambos países.

Romero informó que una importante comisión del vecino país, encabezada por el Ministro de Justica, estuvo reunida con él durante la mañana de ayer actualizando las formas de llevar adelante estas tareas.

Si bien la reunión tenía como objetivo principal, observar la lucha contra el narcotráfico, no se dejó de lado la trata y tráfico de personas. Para este fin, las reuniones de coordinación, también incluirán a las autoridades del Perú.

Por su lado, el ministro brasileño señaló que hoy martes sostendrá similar reunión con las autoridades peruanas y destacó la necesidad de generar una integración entre Perú, Bolivia y Brasil para enfrentar la lucha contra las drogas.

“Tenemos fronteras comunes y precisamos retomar la coordinación del trabajo (…). Nosotros no podemos permitir que personas criminales se apropien de las personas. Hay organizaciones criminales que fácilmente hacen la explotación de la miseria y crean problemas gravísimos de seguridad”, aseveró la autoridad brasileña.

Cardozo aseguró que existe un total acuerdo con Bolivia sobre los procedimientos de cómo combatir el flagelo del narcotráfico.

TRATA Y TRÁFICO

Por otro lado, el ministro brasileño aseguró que se respeta el derecho de las personas de migrar con el fin de mejorar sus condiciones de vida, pero que este proceso debe ser vigilado para lograr un flujo migratorio legal que impida que redes y organizaciones criminales lucren con la necesidad de los más pobres.