Tribunal Departamental de Justicia rechaza acusaciones de Fiscal General

Los magistrados del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por intermedio de un comunicado de prensa, rechazan “de manera categórica, acusaciones genéricas contra jueces y vocales” que estarían implicados en el caso del proceso del empresario Martín Belaunde porque esas generalizaciones dañan la institucionalidad de la justicia boliviana y generan efectos nocivos para la seguridad jurídica y la reputación del Estado boliviano en el concierto nacional e internacional.

En el comunicado de seis puntos sostienen que en el último tiempo, este Tribunal que cuenta con alrededor de 200 jueces y 20 vocales para atender las necesidades judiciales de 2.7 millones de habitantes, ha contribuido a la institucionalidad y la seguridad jurídica que requiere todo sistema de administración de justicia, no obstante de la sobredimensionada carga procesal (285.500 causas por año) y la carencia crónica de condiciones económico/financieras, materiales, tecnológicas, de infraestructura y de personal adecuado.

Además, el distrito judicial de La Paz, además de atender más de un tercio de la carga procesal nacional que en los nueve distritos sobrepasa las 800.000 causas, tiene también bajo su responsabilidad casos emblemáticos que llegan de otros distritos y asuntos que guardan relación directa con los intereses del Estado.

Sostienen que “en el caso del exasesor presidencial de nacionalidad peruana, Martín Belaunde Lossio, la justicia paceña está tomando las determinaciones que corresponda resguardando los derechos y garantías de los presuntamente implicados, tanto es así que se han determinado detenciones preventivas, arrestos domiciliarios y otras modalidades de acuerdo a la singularidad de cada caso”.

Asimismo, aseguran que en relación al tema de referencia, la autoridad judicial encargada del control de jurisdiccional, asumirá lo que corresponda en derecho en el marco de la autonomía e independencia establecidas en la Constitución Política del Estado (CPE).

“En todo momento, el Tribunal Departamental de Justicia de La Paz asume su responsabilidad de control de legalidad con la finalidad de garantizar la seguridad jurídica del Estado boliviano y los derechos y garantías de todas y todos los ciudadanos”.

El lunes, el Fiscal General del Estado afirmó que en la investigación sobre este caso se evidenció la implicancia de autoridades judiciales en haber favorecido al empresario peruano.